Economía
Cerca de 1.292 escuelas rurales están en riesgo de quedarse sin internet: Gobierno lleva 6 meses sin pagar a contratistas
El contrato fue firmado por el gobierno de Gustavo Petro luego del escándalo de Centros Poblados.
La golpeada llegada de internet a las escuelas rurales parece ser un problema de nunca acabar. Luego del escándalo de Centros Poblados, que involucró a la exministra de las TIC Karen Abudinen, en el gobierno Duque, ahora se conoció una nueva situación que se estaría dando en el actual gobierno de Gustavo Petro, con el internet rural.
Uno de los contratos más importantes del Gobierno, que tiene como objetivo llevar internet a cerca de 1.292 escuelas en zonas remotas del país, la mayoría en zonas rurales, presenta un atraso de cuatro meses por un valor de 19.500 millones de pesos.
Los departamentos en los que funcionaba este contrato son: La Guajira, Magdalena, Cesar, Antioquia, Chocó, Arauca, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Guaviare, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Caquetá, Cauca, Huila, Meta, Tolima, que son las llamadas zonas comunitarias para la paz.
Los responsables del contrato son el Ministerio de las TIC, Findeter y la Fiduciaria Popular, con la que se suscribió el mismo. De acuerdo con la información conocida, ya se completan seis meses en los que se adeudan dineros a los operadores. Tras esa situación, los contratistas no pueden pagar las nóminas.
El contrato mencionado fue suscrito hasta el 31 de julio y el valor total fue de 47.777.777.777 pesos, bajo la figura de prestación de servicios.
Si no se cancela el valor adeudado, de 19.500 millones de pesos, se corre el riesgo de suspender el contrato y, con ello, cesar la operación en las más de mil escuelas, por lo que cerca de 180.000 estudiantes de instituciones vulnerables quedarían sin conectividad.
Dicho contrato fue producto de la convocatoria lanzada por MinTIC que buscaba soluciones de internet para escuelas en zonas remotas.
El contratista descrito en el contrato es la empresa Ciberc S.A., el contratante es la Fiduciaria Popular, y la vocera y administradora del patrimonio autónomo es Findeter.
