Judicial
Cartel de la toga: confirman condena de seis años de prisión contra el expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino
El exmagistrado habría intentado interceder para beneficiar al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia Camilo Tarquino Gallego deberá cumplir una condena de seis años de prisión por su participación en el llamado cartel de la toga.
En el fallo, emitido este viernes, 4 de abril, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se confirmó que el exmagistrado es responsable del delito de concusión (petición de sobornos).
Los hechos se presentaron entre septiembre y octubre de 2014 cuando, ya afuera de la Corte Suprema, desde su oficina de abogados, Tarquino utilizó sus influencias dentro del alto tribunal para beneficiar los intereses el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, quien enfrentaba dos procesos por graves hechos de corrupción.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena solicitada por la Fiscalía General de la Nación contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el delito de concusión como interviniente, que contempla una pena de seis años de prisión. Los hechos que motivaron la…
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 4, 2025
Tarquino le habría pedido el pago de dos mil millones de pesos con el fin de desviar las investigaciones que se le adelantaban en la Sala Penal de la Corte Suprema, prometiéndole que iba a mover sus influencias para que se archivara el caso.
El exgobernador de Córdoba, quien enfrentaba un proceso por el llamado cartel de la hemofilia y el desvío de millonarios contratos, se mostró sorprendido por este ofrecimiento, señalándole que solamente lo había buscado para una asesoría jurídica.
Por este escándalo de corrupción, que permeó a la Rama Judicial hace una década, han sido condenados los expresidentes de la Corte Suprema: Francisco Javier Ricaurte y Gustavo Malo Fernández.
En el caso de Ricaurte se demostró que, utilizando todas sus influencias, montó una oficina de abogados que asesoraba a aforados constitucionales con el fin de conseguir información privilegiada de sus procesos penales y así lograr ejercer una presión para que se suspendieran los trámites o fueran archivados.
Mientras que en el caso de Malo Fernández, recibió millonarios sobornos para entorpecer los procesos de aforados que estaban en su despacho. Igualmente, suspendía órdenes de captura y desviaba el estudio de pruebas; todo esto, claro está, a cambio de millonarios sobornos.
Igualmente, el proceso contra Leonidas Bustos, exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, por los delitos de tráfico de influencias de servidor público, concierto para delinquir y cohecho propio, se encuentra en su recta final.
El poderoso exmagistrado anunció que tuvo que salir del país hace diez años tras recibir todo tipo de amenazas en contra de su vida e integridad personal.
En la acusación se advierte que Bustos fue uno de los principales implicados en esta red de corrupción, moviendo los hilos tanto dentro del alto tribunal como en oficinas de abogados para entregar información sobre procesos.
