CORRUPCIÓN
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y hombre de confianza de Petro, se mantendrá prófugo de la justicia. Aunque un juez ordenó su captura, se quedará en Nicaragua
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, pese a que le fue dictada medida de aseguramiento, no regresará al país. Se quedará en Nicaragua como “protegido” del régimen de Daniel Ortega.
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, quien fue compañero de armas en el M-19 del presidente Gustavo Petro, no volverá al país, pese a la orden de captura que emitió el pasado jueves el Tribunal de Bogotá. González ahora llevará el rótulo de “prófugo de la justicia”.
Fuentes cercanas al exfuncionario le confirmaron a SEMANA que González permanecerá en Nicaragua y no saldrá de allí, así se emita una circular roja para ser enviado a Colombia.
González está protegido por el régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua, país donde se refugió desde el año pasado, cuando las pruebas lo señalaron como el encargado de dar las órdenes corruptas para comprar a congresistas con contratos y dinero en efectivo de la UNGRD, con el fin de que apoyaran las reformas del Gobierno; incluida, al parecer, la elección del entonces secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, como magistrado de Corte Constitucional.
El argumento que utilizará González, según confirmó SEMANA, es que se trata de una persecución política y judicial en su contra, entre otras cosas, por haber sido guerrillero del M-19. De darse la orden de captura internacional, la posibilidad de que se convierta en realidad es difícil, pues la condición de “protegido” del régimen Ortega le garantiza su estadía en ese país.
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La condición de prófugo que ostenta hoy quien fue uno de los hombres más poderosos del Gobierno Petro se dio luego de que la Fiscalía lo señalara como el “determinador” del saqueo a la UNGRD, que representa un riesgo para el proceso y que debe estar privado de la libertad como garantía de cumplimiento con la Justicia. El magistrado del Tribunal de Bogotá compartió los argumentos de la Fiscalía y ordenó su captura.
“Con la información pública aportada por la Fiscalía y las verificaciones realizadas frente al lugar desde el cual se conectó a las diligencias de imputación y medida de aseguramiento, el implicado no cuenta con arraigo actualizado y al parecer se encuentra en Nicaragua, lo cual hace palpable el riesgo de no comparecencia”, dijo Leonel Rogeles Moreno, magistrado del Tribunal de Bogotá.
En criterio de la Fiscalía, el exdirector del Dapre formó parte de una “organización criminal” y ocupó un lugar de relevancia como el presunto responsable de dar las órdenes, de contactar a los entonces directivos de la UNGRD, diseñar y poner en marcha la estrategia de saqueo corrupto.
“Le ordenó a (Olmedo) López Martínez entregar 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y Cámara de Representantes; 3.000 millones para Iván Name a través de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, y 1.000 millones de pesos para Andrés Calle, por intermedio de Sneyder Pinilla, subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD”, dijo la Fiscalía en la imputación de cargos.
La defensa de González, encabezada por el abogado Iván Cancino, refutó la acusación y advirtió que su cliente fue víctima de un “entrampamiento” a manos de los testigos de la Fiscalía: Olmedo López y Sneyder Pinilla. Aseguró que los dos exfuncionarios de la UNGRD ofrecieron información falsa para lograr acuerdos con la Fiscalía y, de paso, una rebaja de pena.
No obstante, el Tribunal de Bogotá acompañó el argumento de la Fiscalía y confirmó que es necesario mantenerlo privado de la libertad, en una cárcel, “para proteger a la comunidad del actuar criminal desplegado por este ciudadano, es preciso imponer medida restrictiva de la libertad, debido a que se le reprocha su probable vinculación a una organización criminal”, sentenció el magistrado en su decisión.
Otro escenario que resultó crucial a la hora de definir la medida de aseguramiento y que convirtió a González en prófugo de la Justicia es el poder que ostentó en el Gobierno Petro.
“Se mueve en las más altas esferas del Estado, cuenta con reconocimiento público y está vinculado desde hace bastantes años con el poder político, a pesar de lo cual decidió delinquir, comprando la función legislativa de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, generando con ello daño a la democracia e institucionalidad colombiana”, señaló el magistrado Rogeles en su decisión.
Con la medida de aseguramiento y la orden de captura, el asunto ahora es ubicar a Carlos Ramón González.
La Fiscalía aseguró que no está claro el sitio donde se encuentra, aunque SEMANA sí ha confirmado que está ubicado en Nicaragua bajo un estatus de “protección”.
