De pequeños narcos de pueblo a sucursales del Clan del Golfo

Hacia el año 2010, el clan Aguilar era un pequeño grupo delincuencial que compartía el dominio del pueblo de Fredonia, en el suroeste de Antioquia, con otros expendios locales de estupefacientes. Cada quien poseía su territorio, los vendedores se conocían en el pueblo desde hacía tiempo y eran pocas las vendettas que acabaran en muertes violentas. Hasta que el clan rival de los Tavos buscó ampliar su horizonte a través de una alianza con la banda de las Mieles, afiliada al Clan del Golfo en Medellín y matar a Wilson Aguilar.

Pero el plan resultó contrario a lo esperado en el momento en que la propuesta económica de Wilson superó a la de los Tavos y los Aguilar se ganaron el respaldo de la mayor organización criminal de Colombia. Con la asociación vino una capacitación en el manejo de estupefacientes, así como una llegada de armas y de hombres que desató una violencia jamás vista en el pueblito antioqueño. Fredonia comenzó a ser disputada a sangre y fuego durante unos años y pronto cayó muerto el Chiqui, en tanto que Tavo fue apresado en 2012 por un homicidio del que se le pudo sindicar. Para finales de 2013 e inicios de 2014, los Aguilar ya se habían hecho con el control de la plaza.

De pronto, el hombre que siempre había manejado mínimas cantidades de estupefacientes en un chuzo pasó a tener nuevas propiedades y vehículos ostentosos. Lo que pasó -explica el investigador en cargo de la operación- es que Aguilar acompañó el cambio en el consumo de estupefacientes y la modalidad de delitos que se vio reflejada en todo el país a partir de 2014.

De acuerdo con el documento ‘Narcomenudeo, una transformación de las economías criminales‘ publicado el año pasado por el Departamento Nacional de Planeación, las ODIN han comenzado a generar mercados locales de droga, debido a las dificultades que comenzaron a experimentar los cárteles colombianos para sacar la cocaína del país; también a la baja en las ganancias ya que ahora tienen que compartir la cadena de producción y trasiego de drogas con otras grandes estructuras trasnacionales. 

En Fredonia, el clan Aguilar ya había comenzado a hacer lo propio rebajando sus productos con aditivos y suplementos al punto de poder multiplicar por cinco sus ganancias. A partir del momento en el que comenzaron a sacar 5 kilogramos de narcóticos con un solo kilo de base, sus ganancias se incrementaron proporcionalmente. Con la rebaja de la calidad, sus clientes también tuvieron que acostumbrarse a comprar más dosis para satisfacer sus necesidades, a pesar del mayor daño físico que les provocó la adición de rendidores al producto. Eso fue lo que atrajo la atención de las Mieles- la franquicia del Clan del Golfo-, que les enseñó también a manejar las extorsiones, el sicariato y las otras modalidades delictivas del grupo criminal.

Por ejemplo -sigue el investigador-, en el caso de los homicidios se sintió toda la experiencia del combo de Medellín, lo que se tradujo en que los asesinatos se "profesionalizaron" por decirlo de alguna manera. En una agresión mortal comenzaron a participar hasta 10 hombres divididos de la siguiente manera. Dos de ellos se dedicaron a seguir las patrullas para asegurarse de encontrar despejado el camino. Dos más recogían el arma y la moto utilizadas para ocultarlas en una zona rural, mientras que otro llevaba a los sicarios por caminos destapados hasta el lugar donde asesinaban a la víctima. Otros más llegaban al lugar en el que quedaba el cuerpo del finado para mirar quién hablaba del incidente con la Policía. Las comunicaciones del grupo se llegaron a manejar por pin o por grupos de WhatsApp y los nuevos reclutas enseñaron el manejo de las armas largas a los Aguilar. En total, les están siendo sindicados 32 homicidios, algo inusitado en Fredonia.  

La investigación que puso fin al terror

Con el respaldo del Clan del Golfo, los Aguilar se adueñaron del pueblo y se aseguraron de que nadie viniera a pelear su territorio, que llegó a generar cerca de mil millones de pesos por mes a través de la venta de alrededor de 128.000 dosis de drogas rebajadas y del manejo de otras actividades criminales.

Aunque la operación en su contra intervino en julio de 2017, hace casi tres años que la banda estaba en el visor de la Policía, debido a la ola de homicidios que se vivió en el municipio. De hecho, ya se habían organizado incautaciones de armas largas, de motocicletas y capturas de algunos delincuentes para bajar la tensión del lugar en 2016, pero el mayor trabajo de inteligencia de la Operación Tsunami tuvo que mantenerse en secreto para poder llegar a levantar cargos a los cabecillas del clan.

En el operativo fueron capturados alias Aguilar, Nannys -el jefe de sicarios- Santy -el jefe logístico- y su compañera sentimental, Kelly, además de la compañera de Aguilar y jefa de finanzas del grupo, Sandra y del Costeño, quien dirigía la venta de estupefacientes. Todos podrían recibir hasta 40 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio agravado y tentativa de homicidio; lesiones personales; desplazamiento forzado; porte, tráfico o fabricación de estupefacientes; tráfico, fabricación y porte de armas de fuego; instrumentalización de menores para la comisión de  actos delictivos y destinación ilícita de muebles para la ejecución de delitos y amenazas.

El trabajo de infiltración se realizó de abajo hacia arriba. Primero se identificaron  las personas responsables de la venta de estupefacientes, luego a los expendedores más escurridizos que realizan su comercio de noche o utilizando vías terciarias, hasta poder escalar en la organización gracias a un funcionario de Policía que llegó a ser parte del grupo durante un tiempo. Al mismo tiempo, la banda comenzó a exhibir su poderío en redes sociales a través de fotografías en las que posaban con sus nuevos instrumentos de terror.  

Así se supo por dónde se movían los jefes del grupo y se identificaron cada uno de los 69 presuntos delincuentes que fueron capturados, así como el menor de edad que utilizaban para diversas actividades entre las que incluía el sicariato. Muchos de ellos fueron arrestados por sorpresa en la vía pública para evitar enfrentamientos, en tanto que se realizaron 11 allanamientos dirigidos por cerca de 600 hombres de la Policía Nacional.

Según el coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía de Antioquia, para la Operación Tsunami se aplicó una táctica conocida en el mundo policiaco como Estrategia Penal Integral contra el Crimen Organizado -ETICA-. Esta consiste no solamente en atacar penalmente la comisión de delitos y capturar a los responsables, sino en afectar la parte financiera del grupo con procesos de extinción de bienes de dominio, con temas de lavado de activos, así como en derribar inmuebles donde se venden las drogas y judicializar a los dueños de estos predios en los que se realizan los tráficos.  

Con este trabajo en el que se articularon 11 fiscales que ocuparon 23 bienes de dominio avaluados en 5.000 millones de pesos -entre otros se les aplicó la extinción de dominio a casas con piscinas y establecimientos comerciales- y se incautaron 2.500 dosis de estupefacientes, la Policía Nacional espera reducir el interés de los grupos delictivos en cometer estos delitos, ahora que ya no solo serán penados con prisión, sino que se afectará por completo su estructura financiera cuando atraigan suficientemente la atención de la fuerza pública, concluye el coronel Wilson Pardo.