Capacitaciones, talleres y asesoría para emprendimientos: la polémica reparación “integral” que propone Olmedo López por el saqueo a la UNGRD

La colaboración con la justicia que plantearon desde el primer momento los testigos estrella del saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Olmedo López, exdirector de la entidad y María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Hacienda Ricardo Bonilla, no solo tienen temblando a más de 40 congresistas, exministros y altos funcionarios del Estado, también les significó beneficios judiciales representados en los principios de oportunidad que también levantarán ampolla.

Este es el caso de Olmedo López, quien en sus planes de reparación a las comunidades afectadas de La Guajira, a las que se les prometió agua y no les llevó más que corrupción, ahora promete resarcirlas con capacitaciones, talleres y cursos para emprendimiento local.

Así lo señala el documento del principio de oportunidad, de 108 páginas, conocido en exclusiva por SEMANA, en el que se reseña en detalle cómo el exdirector de la UNGRD se compromete a contar la participación de quienes eran sus cómplices en el saqueo: más de 30 personas entre senadores, representantes a la Cámara, contratistas, exfuncionarios de la entidad, asesores del Gobierno, ministros y altos funcionarios del círculo más cercano al presidente Gustavo Petro.

Polémica reparación

En el punto cuatro el documento, denominado “reparación integral”, López plantea la reparación dirigida específicamente a las comunidades de “Pororú- Sector Murujuy, comunidad indígena de La Guajira, comunidad indígena nación wayuu, Junta de Acción Comunal Los Moreneros”.

Aunque la promesa a estas comunidades por parte del mismo presidente Gustavo Petro era llevarles agua y desarrollo, fueron palabras al viento que solo se tradujeron en corrupción. López propone repararlas con talleres (ver imagen).

El documento habla de “capacitación en procesos colectivos de emprendimiento: se llevarán a cabo talleres y programas formativos dirigidos a la población campesina en La Guajira, con el fin de fortalecer sus capacidades económicas, promoviendo modelos productivos autosostenibles y el acceso a mercados”.

Además, López, advirtiendo que es parte de su formación y conocimiento, y que con ellos puede brindar herramientas a los pobladores de La Guajira para impulsar el emprendimiento, ofrece en el principio de oportunidad un punto que señala “fomento de ingresos rurales, a través de estrategias de asociatividad y emprendimiento comunitario, que permita incrementar las oportunidades económicas de las comunidades rurales, permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida y reducir su exposición a riesgos derivados de la pobreza extrema”.

La reparación que propone López resulta polémica, pues el Estado prometió inversiones millonarias que terminaron muy lejos, en Bogotá, destinadas a la compra de congresistas para que apoyaran las iniciativas del Gobierno a cambio de contratos de la UNGRD.

No obstante, la “reparación integral” de López también contempla “asesoría técnica y acompañamiento: desde su conocimiento y experiencia, mi representado brindará asistencia técnica en la estructuración de modelos de negocio viables y sostenibles en el tiempo, facilitando el acceso a recursos y redes de apoyo”.

La defensa de la reparación

Ante la polémica que genera el cambiazo de obras por capacitación, SEMANA habló con José Moreno, abogado de Olmedo López, quien defiende la reparación de su cliente y afirma que no se trata solo de capacitaciones, sino de la confesión de todos los detalles e involucrados en el saqueo de la UNGRD, cuyos protagonistas ya están respondiendo en los tribunales y, algunos, como los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle; y la exalta consejera Sandra Ortiz, ya están detenidos. Así como Carlos Ramón González, quien tiene orden de captura vigente y es prófugo de la justicia.

Además, Moreno recuerda que la reparación material se basó en un análisis realizado directamente por peritos forenses del CTI que evaluaron todos los hechos y determinaron el incremento patrimonial en los 724 millones de pesos que se comprometió a entregar.

El caso de Olmedo López es hoy uno de los ejemplos más elocuentes de cómo el principio de oportunidad, bien aplicado, puede ser una herramienta real de lucha contra la impunidad. Su colaboración con la justicia no ha sido retórica ni selectiva: ha sido profunda, estructurada y valiente.

“La reparación de Olmedo López no ha sido solo con palabras: ha sido con la verdad, con hechos, con justicia. En un acto sin precedentes en casos de corrupción estructural, devolvió la totalidad de los recursos que la Fiscalía, con base en un dictamen pericial riguroso, determinó que se había apropiado indebidamente. Estamos hablando de $ 724 millones de pesos, reintegrados al erario antes incluso de la aprobación definitiva de su preacuerdo”, dijo Moreno a SEMANA.

Agregó que “su compromiso va más allá del componente económico. Ha pedido perdón pública y sinceramente al país, a la justicia, y, de manera especial, a las comunidades indígenas, históricamente golpeadas por la corrupción. Y ha hecho algo que pocas veces se ve: se ha comprometido personalmente a impulsar procesos de restauración del tejido social con esas mismas comunidades, reconociendo que el daño causado no se mide solo en cifras, sino en confianza perdida, en dolor comunitario, en ruptura de la dignidad colectiva”.

Incluso, el abogado Moreno destacó que, en el caso de Olmedo, se trató de una colaboración que ponía al desnudo una amplia red de corrupción que incluso pone en riesgo su vida y, a pesar de ello, se ha mantenido férreo en la colaboración que empezó hace casi dos años.

“Todo esto lo ha hecho asumiendo un riesgo real y latente contra su vida. Olmedo López ha sido objeto de amenazas por parte de estructuras al margen de la ley que buscan silenciar su testimonio y proteger los intereses de quienes han sido expuestos por su colaboración. Pese a ello, eligió la verdad. Eligió enfrentar el miedo con dignidad, incluso cuando lo más seguro, y comprensible, habría sido callar”, agregó el penalista Moreno.

“Lo que ha hecho Olmedo López es justamente lo que el país necesita: romper el silencio, devolver lo robado, pedir perdón y trabajar para reconstruir lo dañado”, concluyó Moreno.

Más allá de los argumentos de Moreno, la polémica está servida, pues se trata del escándalo más grande del Gobierno del presidente Gustavo Petro con prácticas que el mandatario prometió acabar con el cambio: la corrupción y compra de congresistas con la mal llamada mermelada.