Nación

Campaña Petro Presidente violó topes en gastos de la primera vuelta y ocultó reportes en la segunda: Procuraduría

El Ministerio Público rindió un concepto en la actuación administrativa adelantada por el Consejo Nacional Electoral.

28 de mayo de 2025, 3:12 a. m.
En el expediente del CNE contra la campaña Petro Presidente de 2022 reposan una serie de pruebas sobre lo que sería la omisión del reporte de pagos a testigos electorales.
En el expediente del CNE contra la campaña Petro Presidente de 2022 reposan una serie de pruebas sobre lo que sería la omisión del reporte de pagos a testigos electorales. | Foto: Presidencia/Semana

La Procuraduría emitió un contundente concepto en el marco de la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral en contra de la campaña Petro Presidente 2022 y, en su criterio, se probaron actuaciones que advierten violación de topes de gastos en la primera vuelta, y además se omitieron reportes en la segunda vuelta.

Para el Ministerio Público, luego de una revisión y valoración de la prueba recaudada en la actuación, se pudieron constatar probados los siguientes cargos: (i) superación de topes en los gastos de primera vuelta de la campaña presidencial, toda vez que el valor final efectivamente comprobado superó el límite de gastos fijados por el CNE en $ 154.262.381,oo; (ii) omisión de reportes de pago de eventos en segunda vuelta", señaló la Procuraduría.

Ricardo Roa era el gerente de la campaña Petro Presidente.
Ricardo Roa era el gerente de la campaña Petro Presidente. | Foto: Montaje SEMANA

En el concepto remitido al CNE, se advierte de un ocultamiento que hizo el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sobre el valor de un evento fechado para el 19 de junio de 2022 y realizado en el Movistar Arena, en la ciudad de Bogotá, en una cuantía de $ 100.000.000,oo más de lo reportado al CNE y que fueron pagados por un tercero.

Una procuraduría delegada, la tercera para la Investigación y Juzgamiento Penal, fue la responsable de remitir el duro concepto al Consejo Nacional Electoral y dentro del proceso que cursa para investigar la campaña electoral presidencial Petro Presidente 2022-2066. En el mismo concepto se pide sancionar a una lista de personas que participaron de la campaña, tras encontrar probadas las irregularidades.

“Es por esa razón, y en desarrollo de las funciones constitucionales otorgadas por la Constitución Nacional, la Procuraduría General de la Nación solicita sancionar a los señores Ricardo Roa Barragán, en su calidad de gerente; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, en su calidad de tesorera; María Lucy Soto Caro, y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores, de la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico”, explicó la Procuraduría.

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Al mismo tiempo, y como la Procuraduría solicita al CNE sancionar del gerente de campaña para abajo, en consecuencia deberían, de acuerdo con el concepto, ser sancionados al pago de una multa “equivalente al 1 % del valor desembolsado por el Estado para la financiación de la campaña a la Presidencia en primera vuelta y ordenar la devolución de $ 154.262.381,oo, correspondiente a la cuantía en la cual fueron violados los topes en primera vuelta, en igual sentido para los eventos de la segunda vuelta”, advirtió el ministerio público.

SEMANA conoció los detalles del concepto de la Procuraduría y allí se advierte de manera contundente que el CNE tiene la competencia para adelantar las investigaciones correspondientes a la campaña Petro Presidente y en contra de sus responsables, principalmente el gerente Ricardo Roa.

“El suscrito delegado del Ministerio Público comparte el análisis realizado por parte del CNE en cuanto a la vigencia de su competencia para adelantar la presente actuación, en la medida que la norma citada no establece límite alguno para que el CNE de oficio pueda agotar este tipo de actuaciones de control y vigilancia, las cuales pueden concluir en las sanciones que la propia ley establece”, señala el concepto.

En el concepto de la Procuraduría, se advierte que el CNE identificó una alteración o manipulación de la información que entregó la campaña en la primera y segunda vuelta, principalmente en la emisión de facturas que luego fueron anuladas o reemplazadas, un hecho propio de una actuación irregular.

“Evidenciando generación sistemática de facturas, las cuales son posteriormente anuladas y reemplazadas por otras con las cuales se modifica el valor y concepto inicial. Todo lo anterior, con el propósito de disminuir el valor de los rubros y ajustarlo a los topes de la campaña”, advierte el concepto de la Procuraduría.