Así se planean y ejecutan las asonadas contra la Fuerza Pública en Colombia con la participación de las disidencias de las Farc: “Nada es al azar”

Muchas de las recientes asonadas en Colombia contra la fuerza pública no son acciones aisladas ni espontáneas, según las denuncias recogidas por SEMANA en varias regiones del país. Al contrario, soldados y policías estarían ante una estrategia planeada y ejecutada por disidencias de las Farc mediante escenarios de instrumentalización de la población.

La gente, indefensa, debe salir a bloquear el paso de los uniformados para no recibir represalias futuras, que, en la mayoría de los casos, son la muerte o el destierro. Las disidencias utilizan su poder criminal y con eso evaden operativos contra cultivos ilícitos y capturas de cabecillas terroristas.

SEMANA dialogó con líderes sociales de diferentes zonas complejas, donde las disidencias obligan a la población a atacar a la fuerza pública. John Hoyos es un líder social del Cauca, quien con el pasar de los años ha vivido el horror de la guerra. Ha visto cómo los ilegales someten a las comunidades, cómo se llevan a los menores y cómo familias enteras lloran a sus familiares asesinados vilmente por los terroristas.

“En el campo que habitamos siempre hay una disputa por el territorio entre grupos armados al margen de la ley. También hay presencia de cultivos de uso ilícito, como la coca, y se presenta siempre un control territorial. En este momento hay una operación en el cañón del Micay, que es la operación Perseo, dirigida directamente a la toma y control del territorio (...). Esto ha generado bastantes confrontaciones entre comunidades y grupos armados, y ha sido una zozobra todo este tiempo”, dijo.

Hoyos asegura una y otra vez que las operaciones militares no han cesado en el territorio, pero lo que no hay son programas verdaderamente sociales del Estado colombiano que ayuden a los niños y jóvenes a salirse de la ilegalidad.

“Hay desconfianza por algunas acciones, a veces arremetidas injustas, y todo esto viene calando desde hace mucho tiempo. Por otro lado, está la presencia de los grupos en el territorio, que, para poderse proteger, instrumentalizan de cierta manera a la población para que se presenten estas asonadas y se frene el control de la fuerza pública”, agregó. Su miedo es evidente. Tiene miedo de ser asesinado o secuestrado por las disidencias.

“Es complicado y complejo hablar de estos temas en el territorio. Uno no sabe quién está dentro de los grupos armados, uno no los distingue. De pronto los ve, pero hay desconfianza incluso dentro de las mismas comunidades y organizaciones, porque no se sabe quién está en qué. Hay personas que llegan a raspar coca, los llamamos raspachines, y no sabemos qué pretenden o qué están haciendo”.

Documentos de las Fuerzas Militares obtenidos por SEMANA confirman lo dicho por Hoyos. Durante 2025 se han registrado más de 30 asonadas en departamentos como Cauca, Nariño, Meta, Putumayo, Caquetá y Guaviare. Durante el mes de marzo más de 3.000 personas fueron obligadas por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de Mordisco, que arremetieron contra los militares en El Plateado, Cauca. En esa oportunidad incendiaron vehículos sofisticados, y los uniformados no tuvieron otra opción que replegarse.

Luego, 1.500 personas rodearon de nuevo a las fuerzas militares y las hicieron abandonar el territorio. Los disidentes de las Farc ingresan a las viviendas y obligan a que los pobladores los escondan y, si se rehúsan, son declarados objetivos militares. “Acá toca hacer lo que ellos digan, porque, si no, nos matan a nuestros hijos o nos desaparecen a nosotros. El Gobierno nacional nos ha dejado solos porque prometieron llegar a los territorios, pero la realidad es que seguimos en la misma guerra de toda la vida”, dijo otra líder social desde el anonimato por razones de seguridad.

Asegura que no hay otra economía en el Cauca que vivir de los cultivos ilícitos, aunque precisa que no es justificación para atacar a los uniformados que adelantan estas operaciones. Estas asonadas que terminan en secuestros no solo ocurren en el suroccidente de Colombia. En el Meta, el alcalde de Mesetas, Camilo Pulgarín, denunció que las disidencias de las Farc citaron a 70 presidentes de Juntas de Acción Comunal para obligarlos a movilizar a las comunidades hacia los Llanos del Yarí.

“Esta orden no constituye un ejercicio voluntario de participación ciudadana, sino una imposición violenta, respaldada por amenazas directas de muerte, desplazamiento forzado y otras represalias en caso de incumplimiento”, advirtió el mandatario en un oficio enviado al Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado colombiano.

El constreñimiento también se observa en Puerto Guzmán, Putumayo, donde 200 personas interceptaron vehículos del Ejército Nacional y los incendiaron. Se llevaron el material que había sido decomisado por los uniformados. Lo que parece protesta ciudadana es, en realidad, constreñimiento. En Nariño, exactamente en Policarpa, por lo menos 1.000 personas secuestraron a cuatro pelotones.

Entre tanto, en La Macarena, Meta, campesinos evitaron que el Ejército destruyera un laboratorio que procesaba cocaína y que era sacada de Colombia por vía marítima. Los informes de inteligencia dan cuenta de más de 30 asonadas en los diferentes departamentos, en los que hablan de objetivos de las disidencias liberados por la presión de las comunidades, soldados secuestrados y el material de guerra recuperado por las disidencias.

Una fuente de la inteligencia militar le dijo a SEMANA que han logrado ingresar a los grupos de aplicaciones de mensajería móvil, en los que descubrieron parte del accionar de estos cabecillas disidentes. “Los cabecillas buscan primero a los líderes de las comunidades en varios departamentos para conocer con cuánto personal pueden contar cuando lleguen las operaciones militares. Luego, los organizan en puntos estratégicos y, cuando vienen las capturas o las bajas, el orden público se altera y estas personas se ponen muy violentas”, explicó el oficial.

Asimismo, los disidentes de las Farc han intentado robar las armas de los militares que participan en estas operaciones de control para robustecer su armamento y así atacar a la fuerza pública. “En terreno, unos supuestos líderes sociales son los que lideran cada una de estas asonadas. Son personas que están limpias judicialmente y no tienen requerimiento alguno, lo que hace más difícil el trabajo de las tropas que están en las operaciones, porque no hay forma de saber quiénes son los que están movilizando a las personas”, detalló. En varias agencias de inteligencia ya hay perfiles de estas personas que aseguran trabajar por el bienestar de las comunidades, pero la realidad es otra, pues dicen desde las Fuerzas Militares que son integrantes de las redes de apoyo a la estructura residual (Raer) del frente Carlos Patiño.

Las Fuerzas Militares analizan cada una de las situaciones que ocurren en los diferentes departamentos del país con el fin de hacerle frente a esta nueva estrategia de los terroristas: atacar a la fuerza pública en medio de sus operaciones.

“Los grupos armados saben que cada intento de erradicación, incautación o la captura de uno de sus integrantes puede ser respondido con la movilización de cientos o miles de personas, en su mayoría forzadas a participar”, puntualizó.