Así se escribió el ‘Atlas’ de la corrupción en Colombia’: Alberto Donadio revela detalles de su investigación

Aníbal Martínez Zuleta, Jorge Ordóñez Valderrama, Fabio Puyo Vasco y José Guillermo Medina Sánchez. Solo las personas de la tercera edad recuerdan esos nombres. Se trata de altos funcionarios involucrados en graves episodios de corrupción en los años setenta y ochenta. Sus fotografías y su prontuario aparecen en el Atlas de la corrupción en Colombia 1953-1990, un especial de SEMANA elaborado a lo largo de un año de pesquisas.

El contralor Martínez Zuleta recibió sobornos del banco donde la Contraloría tenía las cuentas corrientes. El general Ordóñez Valderrama se apropió de fondos reservados del DAS. Puyo Vasco, gerente de la Empresa de Energía de Bogotá, se enriqueció con la hidroeléctrica del Guavio y el general Medina Sánchez, director de la Policía, fue condenado por enriquecimiento ilícito y acusado de estar en la nómina de Pablo Escobar.

La investigación se inició en las afueras de Washington D. C. en un edificio rodeado de bosques. Es el archivo nacional o National Archives, donde reposan los documentos del Gobierno federal. También es una mina de secretos sobre la historia de Colombia. La embajada americana en Bogotá envía resúmenes semanales de todo lo que sucede en Colombia al Departamento de Estado, utilizando la prensa colombiana y sus propias fuentes. En la jerga diplomática se llaman weeka. Para identificar los casos de corrupción que ocurrieron entre 1953 y 1990, consulté casi 2.000 weekas.

Muchos sucesos no se incluyeron en el Atlas. Por ejemplo, en 1972 un despacho señalaba cómo las Empresas Municipales de Cali, que fueron modelo, se convirtieron en fortines políticos al servicio de la Anapo, el partido del general Gustavo Rojas Pinilla: “De tiempo atrás sabemos que la Anapo usa su poder para financiar las actividades del partido, y sospechamos que sumas iguales o mayores se usan para fines personales”. El informe precisaba: “Los liberales y conservadores no son inocentes en el venerable deporte de la corrupción municipal”.

Desde SEMANA, el periodista Daniel José Galvis buscó recortes de prensa, expedientes judiciales y facsímiles. Por ejemplo, la carta de un banco panameño que detalla los sobornos de la Ericsson a Francisco Lozano Valcárcel, presidente de Telecom, y a otros funcionarios del sector de telecomunicaciones. Esas pruebas aparecen en el Atlas, así como un resumen de todas las sentencias por peculado dictadas por la Corte Suprema de Justicia entre 1953 y 1990.

Mario García, director de Fotografía de SEMANA, que lleva 16 años en la revista, encontró fotos de personajes totalmente olvidados. Hernán Sansone, director de Diseño, con 22 años en SEMANA, elaboró de mano maestra la diagramación. Angélica Sánchez, productora ejecutiva, que suma 21 años en la revista, lideró el proyecto, en el que participaron también otros colegas.

El Atlas muestra que hubo menos corrupción en los 16 años del Frente Nacional, entre 1958 y 1974. Sobre Alberto Lleras Camargo, el primer presidente del Frente Nacional, señaló el Departamento de Estado: “Es una de las figuras públicas más respetadas de América Latina y ha sido llamado el mayor estadista que ha producido la Colombia moderna”. Lleras Camargo fue sinónimo de pulcritud y austeridad. Contra sus funcionarios no hubo una sola acusación. En la época del Frente Nacional también había menos para robar. Los impuestos eran casi irrisorios y el país era muy pobre; muchos colombianos andaban descalzos o con alpargatas.

Todos los presidentes posteriores a 1974 fueron cómplices de los apetitos de la clase política, y la corrupción se incrementó notablemente desde 1990. La elección popular de alcaldes, que empezó en 1991, y de gobernadores (1992) significó, salvo excepciones, la privatización del presupuesto a favor de mafias o clanes políticos.

Otro termómetro del aumento de este fenómeno es el cartel de la toga. ¿Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que venden las sentencias? Eso nunca se había visto en Colombia. Nunca antes de Samuel Moreno Rojas un alcalde llegó a saquear completamente las arcas de Bogotá. ¿Sobornos de 6,5 millones de dólares, como el pagado a Gabriel García Morales, viceministro de Transporte del presidente Uribe? Eso también era desconocido.

La historia de Colombia en el último medio siglo se resume en una frase: los poderes públicos y los partidos políticos sacrificaron el bien común en el altar del peculado, del prevaricato y del enriquecimiento ilícito.

Entonces, ¿no se puede hacer nada contra la corrupción? Cuando el Estado quiere hacer algo, lo logra. El problema es la falta de voluntad política. Cuando el embajador norteamericano Myles Frechette presionó al Gobierno de Ernesto Samper para que fueran capturados los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, se creó un bloque de búsqueda y en cuestión de meses ambos fueron detenidos en Cali.

La Procuraduría y la Contraloría serían eficaces si estuvieran estructuradas como bloques de búsqueda dedicados a investigar los casos más importantes de corrupción en corto tiempo. Y si no perdieran el tiempo. Por ejemplo, este mes la Procuraduría sancionó con cuatro meses de sueldo a William Dau, exalcalde de Cartagena, porque afirmó que en la Procuraduría “hay un nido de ratas”. Según la decisión, Dau incumplió el deber de tratar con respeto a los funcionarios y, además, demostró “la nula intención de corregir su comportamiento”.

En la Procuraduría hay no un nido, sino una manada de funcionarios inútiles, como lo he denunciado repetidas veces. Son los procuradores judiciales grado II. Hay más de 400 de ellos. Rinden concepto ante los magistrados de los tribunales superiores y ganan lo mismo que los magistrados, pero su concepto no es obligatorio. Es decir, sirven solo para demorar la justicia.

En 2018 denuncié que la procuradora judicial grado II Magda Patricia Romero Otálvaro era la amante del senador Bernabé Celis y devengaba al mes 25.616.236 pesos. A ella la nombró el procurador general de la nación Alejandro Ordóñez, “porque era un gran amigo de mi papá”, dijo Romero. Su caso salió a la luz pública porque los vecinos de la casa de Romero oyeron ruidos que parecían una agresión de un hombre a una mujer y llamaron a la policía, que se llevó detenidos a la procuradora y al senador. Ella aclaró: “Él no me agredió a mí físicamente, me resbalé, me golpeé contra un mueble de mi casa en una discusión acalorada donde se levantó la voz por parte mía”. El mueble era una mesita de noche.

Romero había devengado en los siete años que llevaba en el cargo 2.100 millones de pesos. No tengo nada contra las amantes. Pero que haya funcionarios que cumplen una función innecesaria en un país donde la gente gana menos de 2 salarios mínimos es un irrespeto contra los ciudadanos y una forma infame de corrupción en la Procuraduría, encargada de combatir la corrupción. Es una afrenta que puede llevar a comparar a los mamíferos que ejercen como procuradores judiciales grado II con los mamíferos que menciona el exalcalde de Cartagena.