Así habría sido la participación del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla en la desviación de millonarios contratos de la UNGRD

El 3 de diciembre de 2023, cuando el reloj marcaba la 8:30 de la mañana, en la sede del Ministerio de Hacienda, en el centro de Bogotá, tuvo lugar una reunión que tenía como objetivo la desviación de tres millonarios contratos que estaban en manos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En el encuentro, el cual contó con la participación activa de Olmedo López Martínez, entonces director de la UNGRD, se mencionó la necesidad urgente de entregarle los contratos que sumaban un valor de 90 mil millones de pesos a un grupo de congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Así lo señaló la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia en la audiencia de imputación de cargos contra María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda.

En la diligencia, que se adelantó de forma virtual, la delegada del ente investigador le imputó a la exfuncionaria el delito de interés indebido en la celebración de contratos como cómplice.

“El ministro Bonilla le solicitó a Olmedo López tramitar en la UNGRD proyectos contractuales en los que los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya se habían interesado ilícitamente”, explicó la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema.

Según las pruebas recolectadas hasta el momento, en esa reunión Olmedo López fue delegado para realizar todo el trámite y entregarles los contratos a los congresistas con los que ya existía un acuerdo tácito.

“Posteriormente, desde las 14 horas, aproximadamente, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres de la UNGRD, a quien el ministro Ricardo Bonilla le había suministrado su número telefónico, se comunicó con usted (en referencia a María Alejandra Benavides) le preguntó por los procesos contractuales en Saravena, Carmen de Bolívar y Cotorra”, añadió la fiscal del caso.

La entonces asesora del Ministerio de Hacienda fue la encargada de contactar y controlar a las personas en los diferentes municipios con el fin de entregar los tres millonarios contratos.

“En virtud de las solicitudes realizadas por el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, al director Olmedo López y el subdirector de manejo de desastres Sneyder Pinilla para que los proyectos contractuales que serían tramitados por la UNGRD y en los que tenían intereses los congresistas”, narró la fiscal.

Justamente, el 15 de diciembre de 2023, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público sesionó y votó la última operación crediticia acordada.

Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, se realizó la dirección de los contratos acordados. “Información que usted (señalando a María Alejandra Benavides) trasladó al ministro Ricardo Bonilla. Los negocios jurídicos (4:13) fueron efectivamente agilizados y tramitados por Sneyder Pinilla a través de la subdirección”.

Sin embargo, cuando estalló el escándalo por los malos manejos y las irregularidades en la contratación en la UNGRD “los proyectos contractuales” se paralizaron y no alcanzaron a celebrarse.

Los tres contratos

Las pruebas recolectadas señalaron que desde el despacho del ministro Bonilla se dieron las órdenes para realizar la desviación de los contratos:

• El de Cotorra, en Córdoba, tenía el objetivo de hacer obras de intervención correctiva para la recuperación del sistema integral del drenaje de aguas lluvias entre la conexión con la Ciénaga Grande del Bajó Sinú hasta el casco urbano. Todo esto por un costo de 50 mil millones de pesos.
• El contrato de El Salado, en Bolívar, buscaba la construcción de estructuras de contención y mitigación del fenómeno de socavación, erosión y transporte de sedimentos por lluvias en el corregimiento. El convenio tenía un costo de 12.356 millones de pesos.
• En Saravena, Arauca, el contrato de 30 mil millones de pesos tenía como objetivo la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Bojaba.