Así funcionaba una red acusada de robar predios baldíos en el Atlántico: hay políticos, funcionarios y jueces involucrados

En el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, Atlántico, no todo el poder se disputa en las urnas con la democracia. Hay un botín más valioso: los lotes baldíos y de cesión. Esos donde deberían estar construidos parques, megacolegios, viviendas para los más necesitados; sin embargo, hay un negocio más lucrativo en el que están inmersos clanes políticos, notarios y hasta bandas criminales.

Una fuente de la alta política en el municipio de Soledad, y muy cercana a los clanes implicados, rompió el silencio en SEMANA y contó en detalle el engranaje de una maquinaria que, en silencio y con complicidad institucional, ha convertido el suelo soledeño en un mapa de despojos. Cuenta que todo empieza con la selección del terreno, pues no todas las tierras les sirven: deben ser baldíos o de cesión, estos últimos entregados por constructoras al municipio como compensación urbanística.

“Hasta ahora la Fiscalía y la Policía solo han hablado de los lotes de cesión, pero también se roban los del municipio. Y no hay forma de robarse un lote de cesión sin que la institucionalidad esté involucrada”, afirma la fuente, con conocimiento de causa. Aquí no hay casualidades. Apenas la constructora entrega el lote, comienza el proceso de apropiación: escrituras falsas, registros anticipados y silencios cómplices desde las instituciones que deberían defender estos derechos.

“De la noche a la mañana, el lote tiene dueño. Y ese dueño aparece con un papel que lo acredita como propietario desde una fecha anterior a la cesión oficial al municipio. Así, la Alcaldía pierde el derecho sobre un terreno que ya había recibido”, precisó la fuente. Pero esto es apenas el principio. Una vez “legalizado” el despojo, el lote se divide. Se vende o se reparte como cuota electoral de los clanes políticos más poderosos en el municipio de Soledad.

“Te entregan el pedazo, pero con una condición: tienes que poner 40 votos por cada lote. Y no vale con una elección: debes votar tres veces, dos alcaldías y un Congreso”, asegura. Cuando el terreno a invadir ya tiene dueño legítimo, la jugada es más sucia. Se falsifican escrituras con fecha anterior. El nuevo “poseedor” aparece con documentos falsos, y cuando el legítimo reclama, se estrella con funcionarios públicos que ya están del otro lado.

“No te dan amparo. Te dicen que el otro tiene más antigüedad. Aunque tú tengas los papeles reales, ya están cuadrados”, denuncia la fuente. Y si el dueño no se rinde, entra el brazo armado del sistema. “Te dicen (las bandas criminales): no jodas más. Te vamos a dar una parte si colaboras, pero si insistes, te mandan a la banda. Te amenazan y ahí decides: o te callas o te matan. Porque ya no tienes respaldo del Estado. Nadie te protege”.

El círculo es perfecto y mortal. Las oficinas públicas están infiltradas por lo ilegal. “Todos (funcionarios públicos) están metidos. Porque si uno solo de ellos hiciera lo correcto, el robo no se podía consumar”, precisó. La lógica electoral lo explica todo. “Un año antes de elecciones se disparan las invasiones y eso no falla, porque es cuando los políticos necesitan asegurar votos. Es cuando el lote se vuelve una promesa, una amenaza o una tumba”, insiste la fuente.

Una operación

El Grupo Anticorrupción de la Dijín de la Policía realizó una operación sin precedentes en esta zona del Atlántico, donde logró la captura de 18 personas, entre las que están incluidos tramitadores, notarios, inspectores, registradores, funcionarios y exfuncionarios públicos. Al parecer, formarían parte de una red criminal que delinquía, presuntamente, con bandas criminales como los Costeños y el Clan del Golfo. Todo comenzó a organizarse, según la Policía, en zonas baldías y terrenos sin urbanizar. Allí, en medio de solares sin casas y proyectos inconclusos, se fraguaron presuntos millonarios fraudes que hoy superan los 16 billones de pesos, producto de la venta de hasta 372.222 lotes bajo esquemas de estafa, suplantación y reloteo ilegal.

En medio de las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación señaló que la red encontró en los terrenos sin titularidad clara una mina de oro. Fraccionaban los predios en lotes de 12 por 6 metros, los ofrecían entre 30 y 50 millones de pesos cada uno y simulaban toda la legalidad mediante escrituras falsas, matrículas inmobiliarias manipuladas y resoluciones desbloqueadas por funcionarios corruptos. No se trataba de cualquier banda. Esta red se articuló desde las entrañas del sector público.

Entre los capturados y vinculados en el escándalo por el millonario despojo de tierras en Soledad, Atlántico, figuran funcionarios públicos, abogados, falsos testigos y tramitadores que habrían conformado una red criminal para legalizar irregularmente predios de alto valor. Entre ellos se encuentran Luis Martínez, señalado tramitador; Marlon Mora, inspector de Policía; Andrés Díaz, jurídico de la Alcaldía de Soledad; Rafael Bossio, abogado; Ismael Cárcamo e Inés Salas; Iván Páez, actual registrador de Soledad; Juan Ucrós y David de Castro, exregistradores; Neissy Cantillo, exinspectora de Policía; Álex Ahumada y José Márquez, abogados; Wilmar Machuca y José Peñaloza, señalados como poseedores irregulares; José Pacheco, calificador de Instrumentos Públicos de Soledad; Roque Lugo, acusado de actuar como testigo falso, y Francisco Mejía, notario del municipio de Santo Tomás. Días después capturaron a Ana Dolores Meza Caballero, notaria segunda del Círculo de Barranquilla.

Lo que ha llamado la atención fue la captura de Juan Ucrós, un reconocido petrista y primo de un exalcalde del municipio de Soledad. Actualmente, hay un diputado en el Atlántico, también primo del capturado. Más de 1.800 familias resultaron afectadas, muchas de ellas con la ilusión de construir su vivienda. Otras, desplazadas por amparos emitidos en tiempo récord a favor de los delincuentes.

Un polémico juez

SEMANA conoció el documento en el que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla ordenó compulsar copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico para que investiguen disciplinariamente al juez Ángel Augusto Monroy Rodríguez, titular del Juzgado 101 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla. La determinación se dio luego de que el togado rehusara su competencia en medio de las audiencias preliminares de esta redada que adelantó la Dijín de la Policía con la Fiscalía. Según lo que dice el documento conocido por SEMANA, el juez Monroy Rodríguez decidió apartarse del conocimiento de las diligencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, alegando que los procesados no formaban parte de un grupo delictivo organizado. Sin embargo, el Tribunal reprochó que esta decisión fue “precipitada” y tomada “antes de surtirse la audiencia de formulación de imputación”, contrariando los requisitos procesales establecidos.

Incluso, este polémico juez también dejó libres a dos peligrosos criminales del Clan del Golfo, lo que provocó que Álex Char, alcalde de Barranquilla, mostrara su inconformidad.