Arias Cabrales finalmente sí quiso con la JEP

Hasta el último momento, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales se resistió a acudir a la Jurisdicción Especial de Paz. El oficial en retiro de más alto rango condenado por las desapariciones del Palacio de Justicia intentó hace dos años acogerse a la competencia de la JEP y para ello le pidió a la Corte Suprema de Justicia que soltara su caso. La decisión estaba cocinada en el despacho del magistrado Luis Hernández, que había dado su bendición para el traslado del expediente; solo faltaba que el resto de la Sala de Casación Penal lo respaldara con su firma. 

Pero en abril de 2017, horas antes de que se cumpliera la cita de los magistrados para sentar el veredicto, Arias Cabrales se echó para atrás. En una carta que dejó a los magistrados despistados, el oficial pidió desatender su anterior requerimiento y mantener su proceso bajo la competencia de la justicia ordinaria. ¿Por qué si tenía la boleta de libertad prácticamente en el bolsillo, Arias Cabrales tomó la radical decisión? 

En la carta a la corte, Arias Cabrales da a entender que en su decisión pesó el hecho de que para ese entonces la Ley Estatutaria de la JEP no había surtido su trámite en el Congreso. Esta condición, aunque no ponía a tambalear el funcionamiento de la Jurisdicción de Paz, sí mantenía en vilo varias disposiciones procesales que fueron entendidas por varios sectores interesados como falta de certezas jurídicas. Aún así, siguen quedando en el aire interrogantes frente a por qué el oficial (r) se expuso a dos años más del proceso penal ante la Sala de Casación, a prolongar su detención en la Escuela de Infantería y finalmente a la ratificación de su sentencia a 35 años de cárcel.

Lo que siguió después para Arias Cabrales es conocido por el país. La Sala de Casación Penal decidió dejar en firme la condena como responsable y partícipe en varias desapariciones forzadas ocurridas en el holocausto de 1985. La corte considera que es coautor desaparición forzada de cinco personas. Pero este no fue el desenlace final. 

Esta semana, el general (r) radicó ante la Sección de Revisión de la JEP una solicitud de revisión de la sentencia condenatoria. La justicia especial entrará a estudiarla y a valorar su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En caso de pasar los controles previstos por la JEP, la sentencia de 35 años se tendrá que ajustar a las sanciones que establece la justicia transicional para los miembros de Fuerza Pública que cometieron delitos en el marco del conflicto. En plata blanca, podría recibir una sanción de no más de seis años y beneficios en la privación de la libertad. 

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La condena de Arias

La Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de segunda instancia, que encontró a Arias Cabrales como responsable directo de la desaparición forzada de cinco personas el 6 de noviembre de 1985, tras la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19. La corte determinó que Arias es responsable “como coautor y no como autor mediato por omisión en aparatos organizados de poder”. 

Con cinco votos a favor y dos en contra, la corte concluye que más allá de toda duda, Arias Cabrales fue el líder de una operación militar que ordenó el ingreso de vehículos militares al palacio, tal y como él mismo aceptó. Tuvo control total sobre las tropas y fue por tanto el artífice principal de la “solución final” que se dio a los sucesos que consolidaron el "injustificable" operativo.

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La corte subraya que un elemento sustancial del delito de desaparición forzada en estos casos es la clara manifestación de que los retenidos se sustraían a las autoridades civiles para ser entregados al contingente militar, como lo afirmó el general Rafael Samudio Molina.

"A nadie se le ocurriría pensar, en ese entramado de hechos y pruebas, que el general que dirigió el desproporcionado operativo de retoma del Palacio de Justicia con el fin de enfrentar la criminal toma del mismo (...) se hubiera desentendido de los prisioneros y olvidado de los agresores, pues como lo reafirmó el general Rafael Samudio, el mando conjunto sobre todas las tropas se le entregó al general Arias Cabrales".

Para los magistrados, Arias Cabrales (identificado como Arcano 6 en las comunicaciones de radio) no solo impartió órdenes sino que participó directamente del operativo, manejó situaciones puntuales con las personas capturadas y dispuso de ellos como consideró que la situación lo ameritaba. “Él, conductor del operativo y denominador de la acción, dispuso y ordenó la retención y custodia de los retenidos, de aquellos que salieron vivos del Palacio, en medio de una acción que él personalmente dirigió conforme al diseño del ‘Plan Tricolor‘ y al convenio con sus superiores".

En consecuencia, la corte concluye que la desaparición de los "capturados" corresponde a un plan estratégicamente diseñado desde cuando se inició la operación conforme a las líneas del Plan Tricolor. Dicho operativo, terminó en la captura y clasificación de los sospechosos y con su posterior ocultamiento al poder civil. Además, señala la corte, estas acciones se dieron por fuera del deber ético que imponen los convenios de Ginebra, es decir, que no se distinguió entre combatientes y no combatientes, asumiendo decisiones de facto ante una situación que debió manejarse bajo las reglas del derecho.