Álvaro Dávila, cerebro del carrusel de la contratación, pidió su libertad condicional

El juzgado 26 de ejecución de penas de Bogotá le solicitó al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la cárcel La Picota de Bogotá un completo informe sobre la situación del abogado Álvaro Dávila Peña, uno de los principales protagonistas del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.

Esto, mientras se resuelve la petición de libertad condicional que presentó la defensa de Dávila argumentando que cumple con todos los requisitos para obtener este beneficio, entre estos, estudio, trabajo, buen comportamiento y haber cumplido las tres quintas de su pena por este caso de corrupción

Dávila Peña es considerado el cerebro del carrusel de la contratación, siendo la persona encargada de manipular y alterar los pliegos de condiciones en los proceso de licitación que anunció el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la Alcaldía de Samuel Moreno Rojas. Desde el pasado 31 de enero se encuentra con detención domiciliaria.

El abogado, quien fue capturado en diciembre de 2012, fue señalado por la Fiscalía General de estructurar la forma en que se entregaban los contratos de infraestructura a un grupo seleccionado de empresarios, entre los que se encontraban Julio Gómez y el denominado Grupo Nule.

Después de seis años de juicio, el cual estuvo marcado por las dilaciones de Dávila, fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

En este punto se advierte que, debido a su conocimiento en temas de contratación pública y su cercanía con el alcalde Samuel Moreno, participó activamente en la conformación de los pliegos de condiciones para la licitación del millonario contrato de la Fase III de TransMilenio.

Siendo asesor jurídico del Grupo Nule, tuvo injerencia directa en que este contrato le fuera direccionado al consorcio que tenía con otras empresas en 2009. En una reunión en su casa, en el norte de Bogotá, en la cual participaron los contratistas Emilio Tapia Aldana, Héctor Julio Gómez, Miguel, Manuel y Guido Nule, Mauricio Antonio Galofre, el senador Iván Moreno Rojas y el subdirector del IDU, Luis Eduardo Montenegro, se fijó la forma en que se iba a hacer la repartición de la comisión.

“Dávila Peña tomó la función de los servidores públicos y participó en el trámite de adjudicación de esos contratos, a través de funcionarios tales como Liliana Pardo Gaona, (la prófuga exdirectora del IDU quien ya fue condenada por estos hechos)”, precisó la Fiscalía General durante la presentación de los alegatos de conclusión.

La cúpula del IDU ―como se estableció en el juicio― coparticipó con Dávila para desviar el contrato y así entregárselo al Grupo Nule (conformado por los primos Manuel, Miguel y Guido Nule, y Mauricio Galofre), el cual ya había recibido, con ese mismo modus operandi, los contratos de valoración de Bogotá y la reparación de la malla vial.

En ese encuentro, según se señaló, se fijó la necesidad de pagar una comisión al senador Iván Moreno y su hermano Samuel, el alcalde mayor de Bogotá para le época, como también para el contralor distrital, a razón del 6 % para los primeros y el 2 % para el segundo.

Dávila fue sancionado de por vida por el Consejo Superior de la Judicatura para ejercer la carrera de derecho al considerar que con su actuar vulneró todos los principios fundamentales.