Alertan por la ‘extinción’ de defensores públicos. Advertencia de la Defensoría anticipa que no hay plata para pagarles

No hay plata para tanta gente es la frase que resultó profética para la justicia, particularmente con una actividad que es primordial: la defensoría pública. Se trata de los abogados que destacan en cada captura y también en los guiones de películas, a los que se refieren cuando dicen: si no tiene un abogado, el Estado le proporciona uno.

De acuerdo con un documento de la Defensoría del Pueblo, esa entidad les advierte a jueces, abogados y fiscales que este 2025 el presupuesto no alcanza y la planta de profesionales que atienden los casos de ciudadanos sin recursos está en riesgo.

“Según nuestras estimaciones y datos estadísticos, esta regional requiere, al menos, 58 defensores públicos adicionales en la subárea de víctimas. Esto sin considerar los profesionales indispensables para atender a la población privada de la libertad, dada la situación de estado de cosas inconstitucional que enfrentan nuestras instituciones penitenciarias”, explicó la Defensoría en el documento que radicó en la misma entidad.

La institución hace la advertencia y entiende la necesidad de alertar a todos los sectores del sistema judicial la precaria situación económica, que anticipa un colapso en la prestación del servicio de defensoría pública. Es un asunto de relevancia que parece un vaticinio peligroso en materia de protección de derechos.

“Además, la situación macroeconómica actual ha impactado considerablemente el presupuesto asignado a la Defensoría del Pueblo para el periodo fiscal 2025, lo que implica serias dificultades para garantizar la continuidad del número actual de defensores públicos durante todo el año, a pesar de los esfuerzos realizados para prorrogar contratos mediante ciclos parciales”, señala el texto.

Abogados expertos en materia penal aseguran que la ausencia o el preludio de la falta de estos profesionales llevará, con toda seguridad, a un problema de protuberantes dimensiones, principalmente en la respuesta urgente a procesos que requieren atención inmediata, como las audiencias de control de garantías. Aun así, la advertencia está sobre el papel y con la firma de un funcionario.

No es la primera vez que los defensores públicos están en riesgo. Cada conteo de recursos, de presupuesto para el sector justicia y en especial de la defensa de oficio, la amenaza de recorte presupuestal deja en riesgo la permanencia y asistencia de los defensores. Ahora el asunto es mayor, no solo se suspenden nuevas contrataciones, sino que las existentes quedaron en la cuerda floja.