Alerta en Vaupés por desbordada cifra de intento de suicidios entre niños mayores de 10 años de edad

Para Carlos Camargo, defensor del pueblo se requieren medidas urgentes de todas las instituciones nacionales, gubernamentales, municipales, autoridades indígenas y la sociedad en su conjunto para mitigar el deseo de niños y jóvenes que no encuentran otra salida para sus problemas que querer acabar con sus vidas. Niños de hasta 10 años de edad han intentado suicidarse. “Es imperativo abordar esta problemática con un enfoque cultural e interseccional”, dice en un comunicado.

Las historias que se conocen en el Vaupés sobre la salud mental de los más pequeñitos logra erizar la piel de muchos que parecen luchar contra un enemigo silencioso. En el departamento se han presentado 68 intentos de suicidio en lo que va corrido del año; de estos, el 51% ocupa casos que involucran edades entre los 10 y 19 años, según el Instituto Nacional de Salud.

“Como Defensor del Pueblo hago un llamado urgente a las autoridades departamentales y nacionales en razón a la alarmante situación de intentos de suicidio en el Vaupés. Son 68 casos los registrados en lo que va del 2023. Es preocupante porque 35 corresponden a niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 10 y 19 años, poco más del 50% del total reportado”, señaló directamente Camargo Assis.

Las cifras con las que se está basando la entidad defensora de derechos humanos son oficiales, se teme que se exista un subregistro alto. Los casos de los menores de edad y de jóvenes de 19 años sucedieron en las comunidades de los municipios de Mitú, Carurú y Taraira y en las áreas no municipalizadas de Papunahua, Yavaraté y Pacoa, según el INS.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reflejan que entre enero y mayo de este año fueron reportados cuatro suicidios en todos los grupos de edad, incluido el caso de una menor de edad, en el Vaupés. El Defensor del Pueblo explicó que la situación de salud mental en el departamento afecta principalmente a los pueblos indígenas que allí habitan.

Camargo solicitó “a todas las instituciones nacionales, gubernamentales, municipales, autoridades indígenas y la sociedad en su conjunto implementar acciones urgentes y coordinadas. Como institución nacional de derechos humanos, consideramos imperativo abordar esta problemática con un enfoque cultural e interseccional, entendiendo que lo que contribuye a estos lamentables registros se deriva del conflicto y la violencia constante que persiste en el territorio”.

Desde la Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Vaupés, aseguran que ha podido identificar, además, que las comunidades indígenas enfrentan desafíos y vulnerabilidades particulares relacionados con la pérdida de su identidad cultural, la falta de acceso a servicios básicos, la ausencia de oportunidades educativas y laborales, falencias en el acceso a servicios de salud, incluido el de salud mental, entre otros. “De acuerdo con lo informado por líderes y lideresas, autoridades indígenas y sociedad civil, esta problemática podría estar contribuyendo al aumento de intentos de suicidio, especialmente entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, dice la entidad a través de un comunicado.

Por lo anterior insisten en que el trabajo conjunto con líderes y representantes indígenas, así como con organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que laboran en el territorio, se vuelve esencial para desarrollar programas de prevención y atención del suicidio, asegurando la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones.

“Instamos a las autoridades y entidades competentes en salud a adoptar medidas integrales y sostenibles que aborden los aspectos estructurales de esta problemática y que presten especial atención en la salud mental y su relación con aspectos culturales y étnicos. Es fundamental fortalecer el diálogo intercultural con las comunidades indígenas para entender sus necesidades y garantizar que las soluciones propuestas sean culturalmente pertinentes y respetuosas de sus derechos y costumbres”, expresó el defensor del pueblo.

Cabe recordar que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia 357 del 2017 y favoreciendo una acción jurídica interpuesta por la Defensoría, ordenó a los entes nacionales y territoriales construir la política pública de salud mental, haciendo hincapié en los índices de suicidio en Vaupés.

Por lo que bajo esos lineamientos se pide fortalecer los servicios de salud mental en el departamento, asegurando que estén adecuadamente capacitados para atender las necesidades específicas de las comunidades indígenas y que sean asequibles para todos aquellos que requieran apoyo emocional y psicológico.

Camargo enfatizó en que: “Resulta necesario hacer un llamado urgente al Ministerio de Educación para que desde los espacios educativos y formativos sean promovidos programas que fomenten el respeto por la diversidad cultural y el fortalecimiento de la identidad indígena, así como la enseñanza de habilidades sociales y emocionales para enfrentar situaciones de crisis. Adicionalmente, contar con psicorientadores que permitan identificar a tiempo factores de riesgo que puedan estar incidiendo en el suicidio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el departamento”.

En la alerta que emite la Defensoría se habla claramente de la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad para enfrentar lo que termina siendo un desafío y construir un país más inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural.

“Es necesario que como sociedad derribemos los estigmas que aún recaen en torno a la salud mental, ello implica que las graves afectaciones en el bienestar físico y emocional deben ser tomadas en serio y de manera prioritaria en las agendas públicas y en la formulación de políticas públicas”, puntualizó la cabeza de la entidad defensora de derechos humanos.