Nación
Admiten demanda contra la orden presidencial que obligó a destinar más del 30 % de pauta oficial a medios alternativos
La Fundación para el Estado de Derecho (Fede) radicó la demanda que el Consejo de Estado admitió en las últimas horas.
El Consejo de Estado admitió la demanda que la Fundación para el Estado de Derecho (Fede) interpuso contra la Directiva Presidencial 11 de 2024, que obligó a destinar el 33,3 % de pauta oficial a medios alternativos, comunitarios y nuevas tecnologías.
Dicha orden estipuló que, a partir de 2025, las entidades públicas de nivel central y descentralizadas del orden nacional deben destinar dicho porcentaje de su presupuesto de comunicaciones contratando con medios comunitarios, alternativos y digitales.
Para la Fundación para el Estado de Derecho, “aunque la directriz persigue fines legítimos como la pluralidad informativa y el acceso equitativo a la pauta estatal, esta norma fue adoptada sin respetar los límites legales y constitucionales que rigen la contratación pública”.
Por eso, la demanda expone que la directiva presidencial vulnera la reserva de ley y desconoce principios como selección objetiva, autonomía, planeación contractual y restringe la libre competencia.
“Imponer un porcentaje fijo para contratar con determinados medios desconoce lo establecido por la ley en materia de publicidad oficial, que exige que esta se utilice para cumplir las finalidades institucionales, pero no fija un monto específico ni menciona este tipo de medios”, manifiesta Fede.
Los accionantes también consideraron que la directriz afectó derechos fundamentales como el “acceso a la información”, teniendo en cuenta que la orden presidencial fijo cuáles son los medios a los que se le debe entregar la pauta.
Desde la Fundación se explicó: “También se analizará la falta de claridad jurídica sobre los llamados ‘medios alternativos’, cuya definición, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), no se encuentra expresamente contenida en el ordenamiento legal vigente”.
El Consejo de Estado admitió la demanda luego de verificar que cumplieron todos los requisitos legales y ahora evaluará si la Directiva 11 excedió las competencias del presidente Petro, al imponer condiciones contractuales sin fundamento normativo.
“El fortalecimiento de la pluralidad informativa debe hacerse respetando las reglas del juego. Las entidades estatales deben contratar según principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, y no mediante imposiciones que distorsionan el uso del presupuesto público”, afirmó Andrés Caro, director de la Fundación.
El alto tribunal ahora deberá definir el futuro de la resolución, que se expidió en noviembre de 2024 a ministerios, departamentos administrativos y varias entidades, para pautar con medios comunitarios y alternativos.
