Activismo sin experiencia: el caso de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, no es el único en el Gobierno

En los últimos días, todos los reflectores han estado puestos sobre la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Mientras sus compañeros del gabinete se centran en construir, negociar y tramitar las reformas en el Congreso, la filósofa tiene que salir a dar explicaciones por sus múltiples salidas en falso.

Erra en cifras clave del sector, se le olvidan términos y dijo que hay “reservas de gasolina” en lugar de petróleo. En el Congreso de Minería, aseguró que la economía mundial debe decrecer. Cuando los periodistas le pidieron explicaciones, respondió con un desplante y “esto se acaba aquí”.

Es ahí cuando la oposición –y hasta algunos aliados del Gobierno– le critican su falta de preparación y experiencia. La ministra Vélez, cercana a Francia Márquez, es filósofa de la Universidad Nacional, tiene una maestría en Estudios Culturales en la misma institución y un doctorado en Geografía y Geología en la Universidad de Copenhague.

Formó parte del empalme del Ministerio de Ciencia y sonaba para liderar esa cartera, pero, como una muestra de compromiso con la transición energética, llegó a Minas y Energía con un presupuesto previsto para 2023 de cerca de 8,8 billones de pesos anuales.

Las críticas no paran, dado que es más una activista medioambiental que una conocedora de un sector que representa miles de empleos, recursos para las regiones y suplir a los colombianos con sus necesidades energéticas básicas, lo cual implica retos, como, por ejemplo, en cobertura de gas para los hogares.

En medio de las críticas, de manera sorpresiva, la ministra Vélez cambió los estándares de idoneidad para 31 perfiles en el Ministerio. Después de requerir estudios en la materia o en temas relacionados con política pública, la cartera puede contratar ahora a antropólogos, diseñadores, filósofos, teólogos, licenciados en artes o bibliotecólogos.

Sin embargo, el de la ministra de Minas y Energía no es el único caso en el que se pensó más en el activismo que en la experiencia. También está la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, la abogada constitucionalista Cielo Rusinque, cercana al corazón del petrismo. Ella no tiene experiencia en el diseño de políticas públicas para superación de la pobreza y mucho menos en gerenciar una institución con un presupuesto anual que puede llegar a 12 billones de pesos.

También se cuestiona el nombramiento de Consuelo Baracaldo como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Su falta de experiencia ha generado críticas, ya que se ha dedicado a la consultoría en ordenamiento territorial, finanzas y planeación. Fue secretaria de Planeación de los municipios de Chía y Tocancipá, pero preocupa el futuro de la niñez en Colombia en manos de una persona que no conoce el sector. Contará con un presupuesto anual de aproximadamente 7,3 billones de pesos.

En este grupo de activistas también entra el sociólogo y psicólogo Giovanni Yule, activista del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), quien liderará la Unidad de Restitución de Tierras. Con estos perfiles en entidades cruciales para el funcionamiento del Estado, la oposición dice que podrían venir más tropiezos como el de la ministra Vélez. Darle prelación al activismo por encima del conocimiento técnico en algunas entidades clave tendrá un precio político y en materia de resultados. La oposición lo está advirtiendo.