Abren investigación contra David Racero por escándalo de coimas y caso fruver

Al representante a la Cámara, David Racero, le empiezan a pasar factura los escándalos que rodean su gestión desde el Congreso de la República, y que involucran a los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de una investigación formal contra el congresista, cercano al Gobierno Petro, por las supuestas coimas que habría recibido de quienes integran su UTL y la polémica que rodea un negocio fruver que era de su propiedad.

Desde el alto tribunal confirmaron: “La Sala de Instrucción, reunida en sesión ordinaria, abrió investigación formal al congresista David Ricardo Racero Mayorca por el delito de concusión”.

El código penal colombiano detalla que ese delito se da cuando un servidor público, abusando de su cargo o sus funciones, induce a alguien a cambio de dinero. Lo grave del asunto es que quien cometa esos actos podría pagar hasta ocho años de cárcel, multas millonarias e inhabilidades para ejercer funciones públicas.

“Se investigan las circunstancias que rodearon consignaciones hechas a las cuentas del representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo. Igualmente, si un funcionario de su despacho fue asignado a tareas en un negocio particular”, informaron desde la Corte.

Ahora, el magistrado César Reyes, presidente de la Sala de Instrucción y ponente de este caso, viene practicando pruebas y declaraciones para fijar una fecha en la que escuchará a David Racero en diligencia de indagatoria.

La investigación contra Racero, que también avanza disciplinariamente en la Procuraduría, tiene relación con un supuesto pedido que le habría hecho a una de sus asesoras para que le entregara parte de los ingresos que devengaba, en su momento, como empleada del Congreso de la República.

Así mismo, indagan si el representante a la Cámara, cercano al petrismo, al parecer, le dio órdenes a otro de sus subalternos que también integraría su UTL para que dejara de cumplir sus funciones en el legislativo y terminara atendiendo un mercado de frutas y verduras, negocio que era de su propiedad.

Después de todo este escándalo, el congresista publicó un video en sus cuentas oficiales en el que aseguró que solo daría explicaciones a los entes de control que se lo solicitaran y que, por el contrario, lo que se estaba orquestando era un “linchamiento político” organizado en contra de todas las cabezas visibles del proyecto progresista.