Abogado retuvo $1.500 millones a víctimas de ‘falso positivo’ en Santander. Terminó sancionado

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción disciplinaria en contra de un abogado que retuvo una millonaria indemnización que el Ministerio de Defensa otorgó a la familia de una víctima de falsos positivos en Santander.

El hecho sucedió en el año de 1994 en el departamento de Santander, donde miembros del Ejército asesinaron a un ciudadano identificado como Asmel Quiñones Rojas. Tras su crimen, varios familiares de la víctima acudieron a la justicia a fin de reclamar sus derechos por el daño causado tras la muerte de su ser querido.

La Comisión de Disciplina explicó: “En 1996 contrataron los servicios de un abogado, quien promovió una acción de reparación directa ante el Ministerio de Defensa Nacional, la cual finalmente prosperó en febrero de 2017, cuando mediante resolución esa entidad reconoció el pago de más de 1.500 millones de pesos, los cuales fueron consignados al representante legal de los demandantes”.

Pero, según la alta corte, en medio de ese proceso, 4 de los reclaramantes fallecieron, y ahí empezar las dilaciones del jurista, quien utilizó eresa circunstancia para argumentar que existía un impedimento para entregar el dinero a sus clientes, pues era necesario iniciar un proceso de sucesión para los herederos de las personas fallecidas.

“Lo cierto es que el jurista, a pesar de haber recibido los poderes para emprender esa causa y cumplir con los pagos, dejó el tema ahí y si bien adujo motivos de seguridad y salud como agravantes para no finalizar la sucesión ni firmar las escrituras correspondientes, la Jurisdicción Disciplinaria lo hallo responsable de violar los deberes contenidos en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la misma norma” , detalló el alto tribunal.

En segunda instancia, la justicia aclaró que el abogado debió buscar otros mecanismos y acciones legales para entregar los dineros que le otorgaron a las víctimas y no dilatar el proceso con el argumento de la sucesión.

Con ponencia de la magistrada Diana Vélez, la Comisión confirmó: “sancionó al abogado con 6 meses de suspensión y una multa equivalente a 20 salarios mínimos. Cabe señalar que frente a esta decisión hubo salvamento de voto del magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo y aclaraciones de los magistrados Magda Victoria Acosta Walteros y Julio Andrés Sampedro Arrubla”.