Abogado que demandó restricción del aguardiente advierte a la Corte Constitucional “engaño” de gobernadores

En diálogo con SEMANA, Pablo Felipe Robledo, el exsuperintendente de Industria y Comercio, y uno de los abogados que demandó la facultad de restringir el mercado del aguardiente que tenían algunos gobernadores en sus regiones, explicó los alcances de la decisión que tomó en las últimas horas la Sala Plena de la Corte Constitucional al dejar sin efecto esa medida.

Robledo indicó que tras la sentencia del alto tribunal quedaron sin efectos todas las restricciones que tenían los mandatarios departamentales sobre el mercado del aguardiente y ahora deberán “reinventarse” para repotenciar el mercado. El exsuperintedente también indicó que con esta medida se vería beneficiado los ingresos para las gobernaciones en todo el país.

“Los gobernadores que se opusieron, que perdieron en la Corte Constitucional, de una u otra manera pretendían engañar a la Corte a través de una falacia, es decir, a través de una mentira con ropaje de verdad. Los ingresos del árbitro rentístico aumentarán de manera considerable en todos los departamentos cuando se levanten las salvaguardas, por un tema sencillo, porque el consumidor va a tener en la posibilidad de escoger no solo un aguardiente, sino muchísimos aguardientes”, explicó Robledo.

La respuesta de Robledo se dio como una reacción a los argumentos que hicieron algunos gobernadores como el de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien explicó en la audiencia pública que citó el alto tribunal para debatir este tema, que los departamentos se verían afectados en sus ingresos con la llegada de otros licores que no fueran de la región.

Sin embargo, el exsuperintendente explicó que de ahora en adelante “los aguardientes, al igual que cualquier otro licor, deben circular libremente por el territorio colombiano, eso sí, claramente pagando los impuestos en el departamento en donde se van a consumir, impuestos que se pagan a favor del departamento, que es lo que se llama el árbitro rentístico”.

La Sala Plena de la Corte Constitucional explicó en su decisión que la facultad de algunos gobernadores para restringir el mercado del aguardiente era “inconstitucional”, porque excedía y desbordaba la Constitución al permitir los monopolios rentísticos y restringía la libertad económica, la libre competencia, y la libertad de elección de los consumidores.

“Los departamentos son los dueños de las rentas, de la producción, de la venta del aguardiente y de los tributos, pero no son los dueños del mercado. En el mercado todos pueden concurrir y todos deben competir, y esa competencia la ganarán los empresarios que logren tener unos productos que consigan conquistar el bolsillo y el corazón de los consumidores”, añadió uno de los tres abogados que demandó la norma.

Con esta decisión, la venta de aguardiente se abre sin ningún tipo de restricciones en todas las regiones del país y se termina la novela por la libre elección de los consumidores en ese mercado. Algunos gobernadores, como el de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, había advertido en su momento que el departamento iba a tener ingresos superiores si vendían el aguardiente propio.