Abogado del expresidente Uribe cuestionó la posición de la Fiscalía de salir “en defensa” de la “conducta” de Iván Cepeda

El abogado Jaime Granados Peña inició este martes, 1 de julio, sus alegatos de conclusión en el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.

“Nosotros debemos, pasados los siglos, evitar incurrir en la censurable práctica de negarnos a ver en este caso la evidencia. En el llamado recurso de la ceguera voluntaria, en eso de taparnos los ojos y los oídos para no escuchar la demoledora fuerza de la verdad”, precisó el abogado al inicio de su intervención.

Haciendo un contexto de lo ocurrido en estos años, el penalista aseguró que en este juicio ha sido evidente el sesgo contra el expresidente Uribe por las labores que ha ejercido durante décadas como líder político.

“Venimos a este juicio cargados de un pesado lastre de emociones, de sesgos, de antipatías, de heridas, de desconfianzas mutuas. Todo esto enmarcado en un intenso y prolongado conflicto político”, indicó.

Por esto, le hizo un llamado a la jueza 44 de conocimiento de Bogotá para que se evalúen cada una de las pruebas documentales, testimoniales y técnicas que se presentaron en el marco de este juicio, que se extendió por cuatro meses. “Una justicia en la que no se actúe por estigmas”.

En sus alegatos, el abogado aseveró que la Fiscalía General ignoró por completo el principio fundamental de cada colombiano de buscar la defensa de su buen nombre y honra ante todo tipo de acusaciones y señalamientos sin sustento alguno.

“Hubo un desbordamiento por parte de la Fiscalía en la investigación de conductas criminales. Se está criminalizando el derecho que tiene toda persona de buscar defender su nombre, buen nombre y la verdad”, alegó.

Consideró que desde el primer minuto, el expresidente Uribe buscó corroborar la veracidad de una información que le había llegado por personas cercanas y que estaba relacionada con la existencia de un plan para crear un complot judicial en su contra para vincularlo con la conformación de grupos armados ilegales en el departamento de Antioquia.

Para esto, le dio un poder al abogado Diego Cadena Ramírez para que corroborara la información, hecho por el cual se dirigió a diferentes centros carcelarios con el fin de reunirse con varios exparamilitares que tendrían conocimiento claro y preciso sobre este complot.

En 2019, el entonces senador, le insistió al abogado Cadena que “buscara la verdad” puesto que habían varios exparamilitares que querían retractarse de los señalamientos que ya habían hecho en su contra por el ofrecimiento de dádivas y beneficios judiciales por parte de enemigos del expresidente Uribe.

“Es normal que alguien como el doctor Álvaro Uribe Vélez y el que aquí les habla en su defensa eleve la siguiente pregunta: ¿No estaba él facultado para disponer de abogados y de investigadores que le permitieran corroborar versiones, ubicar testigos, y preparar su defensa ante investigaciones que ya estaban en curso en su contra?“, se cuestionó Granados.

Por esto, pidió que se emita fallo absolutorio a favor del expresidente puesto que en la etapa procesal, “que es la que importa”, no se demostró que hubiera incurrido en una conducta contraria a la ley y a la Constitución Política.

En este caso, la Fiscalía General ya pidió que emita un sentido de fallo condenatorio contra el expresidente Uribe por los tres delitos por los que fue acusado. Posición que compartieron los representantes de víctimas reconocidas, es decir, el senador Iván Cepeda; el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo; y Deyanira Gómez.

Mientras que el delegado de la Procuraduría General pidió que se emita fallo absolutorio.