¿A quién protege la fiscal Luz Adriana Camargo? El saqueo del Gobierno Petro a la UNGRD quedaría impune

Este puente festivo, apenas 24 horas después de que SEMANA revelara los documentos que prueban que la fiscal Luz Adriana Camargo ha mentido en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), otro testigo clave puso los reflectores sobre ella.

Olmedo López, el hombre que prendió el ventilador de ese entramado, no pudo más y se despachó. En una carta de 11 páginas, quien fue el director de la entidad desde la que se organizaron los sobornos del Gobierno Petro al Congreso, decidió contar lo que ha vivido desde que rompió su silencio.

El exfuncionario aseguró que escribió ese texto con “preocupación, tristeza y dolorosa decepción, al sentirme abandonado por la misma institucionalidad a la que decidí entregarle mi verdad”. Pese a que narró detalladamente los hechos y los responsables de ese descalabro a la entidad, aportó pruebas irrefutables del mismo y estuvo dispuesto a sostener en juicio sus afirmaciones, la Fiscalía no le concedió el preacuerdo.

“Lo hice sin esperar indulgencias, sino creyendo que la justicia premial debía proteger a quien se atreve a hablar, no condenarlo al abandono. Y, sin embargo, hoy, con profundo dolor, debo decir que me encuentro en estado de indefensión jurídica”, agregó.

López se quejó de la negativa que tuvo la fiscalía de Luz Adriana Camargo de aceptar su colaboración con la justicia. Eso debía ser un paso obvio en el sistema penal acusatorio que opera en Colombia y que se basa precisamente en la posibilidad de que los imputados puedan negociar. La premisa básica es que esa es la única manera de desarticular la red criminal que suele operar en estos casos.

No se trataba de un testimonio aislado. Desde hace meses, Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones que era conocida como “la mensajera”, porque tuvo el papel de recibir el dinero de las coimas para Iván Name (hoy capturado), también había apuntado a la fiscal.

En una entrevista con SEMANA, aseguró que la fiscal tiene un interés en que no se sepa la verdad. “¿Qué quieren ocultar o a quién quieren proteger? Eso es lo que a mí me preocupa realmente... Creo que la Fiscalía tiene algún interés y hay mucha gente poderosa afuera que me quiere callar, con mucho dinero, que permean todo, permean la justicia, están en todas partes”.

Vea la entrevista:

Ortiz, además, ha señalado que le quitaron el esquema de seguridad a su hija y que su negociación con la justicia también está trabada. Tal como reveló SEMANA, existen pruebas de que este principio de oportunidad está pendiente de ser autorizado por la fiscal general de la Nación, pese a que ella ha dicho que no ha intervenido en el proceso.

Esta situación es muy delicada, pues no solamente pone en peligro los procesos que está llevando a cabo la Fiscalía por el escándalo de la UNGRD, sino también los que está instruyendo la Corte Suprema de Justicia, por los cuales ya han sido detenidos los expresidentes del Congreso Andrés Calle e Iván Name.

De caerse el proceso de colaboración de Sandra Ortiz, quedarían gravemente en riesgo los casos de Iván Name, Carlos Ramón González y el magistrado Vladimir Fernández, contra quienes la exconsejera para las regiones ofreció declarar y aportar las pruebas que tiene.

En el caso de Olmedo López la situación es aún más grave. Como exdirector de la UNGRD ha ofrecido declarar contra la mayoría de protagonistas del escándalo, como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.

“El doctor Luis Fernando Velasco tiene que explicarle mucho al país (...). Es precisamente en esta agenda que tenemos, en la petición que le hacemos a la Fiscalía y a la honorable Corte, que el país conozca la verdad”, le dijo, por ejemplo, López a SEMANA en una entrevista.

“Los hechos que conocerán la Fiscalía y el país tocan unos nombres muy importantes en Colombia. Yo hoy creo que le sirvo más al país vivo que muerto”, aseguró. Se sabía desde entonces que su relato estremecería al alto poder en la Casa de Nariño.

La carta de Olmedo López señala una serie de complejas situaciones en el proceso de colaboración, como la no presentación del recurso de apelación contra la decisión judicial que negó la aprobación del principio de oportunidad, lo cual deja totalmente en el aire su colaboración.

Asimismo, manifestó que Luis Carlos Barreto, exsubdirector de conocimiento de la UNGRD, y el abogado Édgar Riveros intentaron sobornar al testigo Sneyder Pinilla con 13 mil millones de pesos para que no declarara sobre los contratos en los que estaban involucrados Barreto, Pedro Rodríguez y César Manrique. Por su parte, Sandra Ortiz ha venido manifestando el cambio de actitud de los fiscales que instruyen su caso, quienes antes fueron amables y ahora se muestran esquivos.

Lo más grave es que el tiempo va pasando y si no se soluciona la colaboración con la justicia de López y Ortiz, la Corte y la Fiscalía se quedarán sin dos de los tres principales testigos de cargo (el otro es Sneyder Pinilla), pues en el proceso pueden utilizar su derecho a guardar silencio para no autoincriminarse, tal como sucedió en la última sesión del proceso de la Corte Suprema contra Iván Name.

En ese sentido, al quedarse sin sus principales pruebas, los procesos contra los excongresistas Name y Calle y Carlos Ramón González podrían caerse y los que apenas se inician contra los exministros del Interior y de Hacienda quedarían paralizados, pues las principales pruebas que hay contra ellos son testimoniales.

Por eso, crecen los reclamos para que la fiscal actúe con responsabilidad y transparencia frente a un caso que sacude el corazón del Gobierno Petro, que fue el que la ternó al cargo. Sobre la mesa hay propuestas de designar un fiscal ad hoc, dado que hoy ya hay señales bastante claras de que, como van las cosas, nunca habrá justicia para el saqueo a la UNGRD.

Este lunes, el exministro Luis Felipe Henao propuso otro camino. “La Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de actuar. Debe citar a la fiscal Camargo y evaluar si sus conflictos de interés están afectando los procesos más sensibles del país. Porque si una fiscal le responde a un jefe distinto al de la ley, el sistema entra en crisis. Y no hay democracia que resista una justicia subordinada al poder político”, agregó.

El abogado llama la atención sobre cómo mientras “los procesos contra familiares y aliados del presidente Petro avanzan con una lentitud desesperante, los casos contra miembros de la oposición caminan con inusitada celeridad”.

En su carta a la Fiscalía, Olmedo López fue contundente: “¿Qué pasará con los procesos en curso contra ministros, congresistas, directores de entidades y contratistas de élite si se desacredita o desvaloriza el testimonio que los sustentó? Silenciar al testigo clave mediante la improbación de su preacuerdo es condenar al olvido institucional la verdad que más incomoda. Es proteger, por omisión, a quienes más deben responder”.