¿Vive en un condominio en Florida? Esta nueva ley puede costarle miles de dólares

Florida está viviendo una transformación sin precedentes en la gestión de sus edificios residenciales. Desde este año, una nueva legislación ha comenzado a aplicarse en todo el estado, modificando las reglas para los condominios de más de tres pisos y generando impactos económicos y sociales que ya se sienten entre propietarios y compradores.

Impulsada tras el trágico colapso del edificio Champlain Towers South en Surfside En 2021, la ley establece inspecciones estructurales obligatorias en todos los condominios que cumplan 30 años de construcción o 25 si están a menos de 3 millas de la costa, así como revisiones periódicas cada diez años.

Estas inspecciones deben ser realizadas por ingenieros certificados e incluir informes detallados sobre la estabilidad del edificio. Los resultados deben compartirse con las autoridades locales y con los propietarios, quienes serán responsables de cubrir cualquier reparación inmediata que se derive de estos análisis.

Otro de los cambios clave es la obligatoriedad de mantener fondos de reserva para reparaciones estructurales críticas. Anteriormente, los residentes podían optar por no hacer estos aportes mediante votación interna.

Ahora, la ley exige que cada condominio acumule y mantenga una reserva mínima, calculada a partir de estudios técnicos, para cubrir futuros arreglos en techos, cimentaciones, balcones, sistemas eléctricos, plomería y más. Esta medida ha disparado las cuotas mensuales en muchos complejos residenciales, especialmente en edificios antiguos.

Para quienes viven con ingresos fijos o están jubilados, el aumento en los pagos ha sido devastador. Hay reportes de propietarios que enfrentan cargos adicionales de entre $10,000 y $20,000 dólares por reparaciones inaplazables.

En comunidades del sur de Florida, esto ya está provocando ventas forzadas, conflictos con juntas directivas y una desaceleración en el mercado inmobiliario. Agentes de bienes raíces reportan una caída en el interés por unidades en edificios de más de 30 años sin estudios actualizados.

Además, la ley introduce nuevas medidas de transparencia. Se prohíbe que las empresas contratadas para hacer inspecciones también ejecuten las obras necesarias, con el objetivo de evitar conflictos de interés. Las juntas deben publicar documentos clave en plataformas digitales accesibles y los miembros de las asociaciones tienen que firmar declaraciones juradas que garanticen su idoneidad y ausencia de vínculos financieros con contratistas.

Aunque algunos legisladores han sugerido ajustes para suavizar la carga financiera, hasta ahora no hay alivios confirmados. El gobernador Ron DeSantis ha dicho que está dispuesto a revisar los efectos de la ley, pero la prioridad sigue siendo evitar nuevas tragedias estructurales.

Hoy, vivir en un condominio en Florida implica mucho más que pagar una hipoteca. Es crucial que los propietarios conozcan sus derechos, se informen sobre las nuevas obligaciones y participen activamente en las decisiones de sus comunidades. La seguridad estructural es un deber compartido, pero su alto costo exige vigilancia, debate público y, posiblemente, ajustes legislativos en el corto plazo.