Estados Unidos
Trump amenaza con militarizar Chicago, Nueva York y Baltimore: alcaldes denuncian un ataque a la democracia local
El presidente busca extender a más ciudades el modelo de control aplicado en Washington D. C., encendiendo un choque histórico con autoridades locales.
El debate sobre la seguridad en Estados Unidos ha escalado a un nuevo nivel tras la decisión del presidente Donald Trump de federalizar la Policía de Washington D. C. e imponer un despliegue militarizado con la Guardia Nacional y fuerzas federales.
Lo que en principio se presentó como una medida excepcional ante la supuesta ola de crímenes en la capital, se ha transformado en un modelo que la Casa Blanca planea extender a otras grandes ciudades, generando un choque institucional sobre los límites del poder presidencial y el respeto a la autonomía local.
Desde ese precedente en la capital, Trump ha anunciado su intención de reproducir su estrategia en otras urbes demócratas, señalando a Chicago como “el siguiente” objetivo de una ofensiva que podría incluir a Nueva York y Baltimore.
El Pentágono, según reportes, lleva semanas elaborando planes para movilizar tropas, incluyendo la Guardia Nacional y posiblemente fuerzas activas, con miras a septiembre, pese a la ausencia de una solicitud formal por parte de las autoridades estatales.
La narrativa presidencial se apoya en la idea de que ciudades como Chicago se han convertido en símbolos de violencia, aun cuando datos recientes muestran descensos en delitos violentos comparados con años anteriores.
Esta brecha entre discurso y estadísticas alimenta las sospechas de que el despliegue tiene más motivaciones políticas que de seguridad.
En Nueva York, los índices de criminalidad se mantienen por debajo de los picos registrados en la década de los noventa, mientras que Baltimore enfrenta desafíos complejos, pero con un esfuerzo local sostenido de reducción de homicidios y programas comunitarios. Pese a ello, Trump insiste en usar estos territorios como ejemplos de “fracaso demócrata”.
Las reacciones locales fueron inmediatas y vehementes. En Illinois, el gobernador J.B. Pritzker declaró que Chicago no atraviesa ninguna emergencia que justifique militarizar la ciudad, advirtiendo que el plan carece de legalidad y es una manipulación política.
El alcalde Brandon Johnson calificó la idea de “ilegal y costosa”, subrayando que el despliegue podría agravar tensiones ya existentes entre la comunidad y las fuerzas del orden. De igual modo, líderes de Baltimore y Nueva York levantan alertas por el riesgo de socavar la autonomía local y normalizar una respuesta militar a temas urbanos.
Desde una perspectiva institucional, expertos advierten que las medidas podrían violar la ley federal que limita la militarización de la seguridad pública, como la Posse Comitatus Act, además de la falta de apoyo estatal, que haría difícil ejecutar legalmente un despliegue sin declarar emergencia nacional o invocar la Ley de Insurrección.
También se critica que el enfoque no se dirige a las ciudades con mayores tasas de crimen en el país, como Memphis o Cleveland, lo que refuerza la percepción de motivaciones electorales.
La anticipación de escenarios similares en Nueva York, Chicago y Baltimore ha encendido un intenso debate sobre los límites entre seguridad pública y protección ciudadana, el rol del ejecutivo federal frente a autoridades locales y el impacto de estas acciones en la confianza pública.
La tensión entre orden y derechos civiles se proyecta como eje del enfrentamiento político que marcará la agenda durante los próximos meses y, posiblemente, las elecciones de mitad de mandato.
