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¿Su bebé dejará de ser estadounidense? Esto decidió un juez sobre la orden de Trump
La orden ejecutiva de Trump que limita la ciudadanía por nacimiento enfrenta una posible suspensión nacional en los tribunales.
Un juez federal en New Hampshire evalúa si otorga el estatus de acción de clase a la demanda interpuesta por la ACLU contra la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que pretende limitar la ciudadanía por nacimiento, y su decisión podría tener impacto en todo el país.
La orden, firmada el 20 de enero de 2025, exige que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente permanente para que un bebé nacido en territorio estadounidense reciba la nacionalidad, lo que choca directamente con la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda.
El caso ha atravesado varias instancias judiciales. En febrero, el juez John Coughenour emitió una medida cautelar contra la orden en Washington, calificándola de “flagrantemente inconstitucional”.
Sin embargo, el 27 de junio, la Corte Suprema limitó el alcance de esas medidas judiciales, prohibiendo las “órdenes judiciales universales” y restringiendo la validez de medidas emitidas más allá de las partes demandantes.
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Esta decisión suprema no validó la constitucionalidad de la orden, pero reavivó la posibilidad de que se aplique en ciertos estados tras el 27 de julio, fecha en la que el Congreso de Estados Unidos permite su implementación.
La Corte Suprema dejó en manos de los tribunales inferiores la labor de analizar si la orden es legal, y los demandantes han respondido presentando recursos de clase, buscando una protección nacional.
El juez Joseph Laplante, en New Hampshire, ya había bloqueado la orden parcialmente en febrero al considerar que probablemente violaba tanto la 14ª Enmienda como el fallo histórico United States v. Wong Kim Ark de 1898.
Ahora debe decidir si ese pronunciamiento se amplía a todos los bebés que nacerán tras la orden, lo que permitiría una prohibición nacional inmediata antes de que puedan comenzar los nacimientos afectados después del plazo de 30 días.
La administración de Trump, por su parte, argumenta que el grupo de demandantes no es lo suficientemente representativo debido a la heterogeneidad de sus situaciones migratorias, y que una acción colectiva carece de fundamento legal.
Si el juez Laplante certifica la demanda como acción de clase y otorga una orden judicial nacional, podría impedirse la implementación de la orden ejecutiva el 27 de julio, evitando consecuencias graves para más de 150.000 recién nacidos cada año.
La discusión legal también sacó a la luz el rol de los jueces federales en frenar órdenes presidenciales que podrían contradecir la Constitución, y la forma en que las decisiones en distintos estados pueden producir un mosaico legal que genera incertidumbre para las familias de inmigrantes.
El senador demócrata Chris Murphy ha advertido que esta fragmentación debilita el estado de derecho y puede facilitar un abuso del poder presidencial.
Mientras tanto, grupos como CASA de Maryland y otros defensores de derechos civiles han recurrido a tribunales en Maryland, New Jersey y Washington para ampliar la protección más allá del estado de New Hampshire.
Queda en manos de los tribunales inferiores decidir si la ciudadanía por nacimiento mantiene su vigencia universal o si ahora depende de la suerte judicial y la geografía.
