Polémica medida de Trump: cada inmigrante pagaría US$1.000 por día

La administración del presidente Donald Trump ha anunciado una nueva medida que impone multas diarias de $998 a inmigrantes con órdenes de deportación que no abandonen Estados Unidos. Esta política, basada en una ley de 1996 y reactivada durante su primer mandato, busca presionar a los inmigrantes a autodeportarse, sumándose a su estrategia de deportación masiva.

Según documentos obtenidos por Reuters, las multas podrían aplicarse retroactivamente por hasta cinco años, acumulando deudas superiores al millón de dólares para algunos individuos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado la intención de implementar esta medida, señalando que aquellos que no utilicen la aplicación CBP Home para autodeportarse estarían sujetos a sanciones económicas severas. Además, quienes no paguen podrían enfrentar consecuencias como la incautación de bienes.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, explicó que esta política busca reducir costos y recursos gubernamentales al incentivar la salida voluntaria de inmigrantes. Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes y expertos legales.

Scott Shuchart, exfuncionario del ICE bajo el gobierno de Biden, señaló que estas multas podrían ser impugnadas en los tribunales y consideró que el objetivo principal de la medida es generar miedo en las comunidades inmigrantes. Organizaciones pro migrantes alertan que estas políticas podrían perjudicar gravemente a hogares de estatus mixto, donde viven migrantes indocumentados con ciudadanos estadounidenses, aumentando sus niveles de pobreza.

La aplicación CBP Home, lanzada en marzo por el DHS, permite a los inmigrantes registrar su salida incluyendo fotos, datos personales y detalles financieros. Aunque el gobierno sostiene que este método ofrece a los inmigrantes la posibilidad de reingresar legalmente en el futuro, activistas recomiendan consultar con expertos antes de utilizar esta herramienta debido a las posibles implicaciones legales.

Esta política se enmarca en una serie de medidas más amplias adoptadas por la administración Trump para endurecer las leyes migratorias. En enero de 2025, se aprobó la Ley Laken Riley, que impone la detención obligatoria de inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos graves. Además, se ha implementado la Operación Safeguard, un plan del ICE para detener y expulsar rápidamente a inmigrantes indocumentados que viven en zonas urbanas, especialmente en ciudades santuario.

Las consecuencias económicas de estas políticas también han sido objeto de análisis. Según un estudio publicado por El País, la deportación masiva de inmigrantes indocumentados podría reducir entre un 2,6% y un 6% el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos.

Robert Lynch, profesor de Economía en la Universidad de Washington, afirma que la deportación masiva provocaría una contracción de la economía, pérdida de empleos y disminución de salarios para los trabajadores estadounidenses.

La imposición de multas diarias de $1.000 a inmigrantes con órdenes de deportación representa una escalada en la política migratoria de la administración Trump. Mientras el gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para fortalecer la seguridad y reducir costos, críticos advierten sobre las implicaciones legales, económicas y humanitarias de tales políticas. La comunidad inmigrante y sus defensores continúan monitoreando de cerca el desarrollo de estas acciones y sus posibles desafíos en los tribunales.