Polémica en California: ICE podrá hackear teléfonos de migrantes con tecnología israelí de espionaje digital

ICE se prepara para introducir un cambio radical en los procesos migratorios al obtener autorización para utilizar Graphite, un software desarrollado en Israel que permite acceder a información encriptada de teléfonos celulares, incluidos mensajes, aplicaciones privadas, fotos, correos y hasta activar el micrófono de forma remota.

Esta noticia ha encendido alarmas en California, donde defensores de derechos civiles consideran que su uso podría representar una amenaza grave a la privacidad y las libertades individuales.

Graphite había quedado temporalmente detenido tras su contratación en septiembre de 2024 bajo la administración Biden, debido a preocupaciones por su uso en Italia contra activistas y periodistas, pero ese bloqueo fue levantado recientemente. Se estima que el contrato con ICE asciende a alrededor de dos millones de dólares, según documentos públicos, y representa uno de los programas de espionaje cibernético más sofisticados, el sistema permite infiltrarse incluso en aplicaciones como WhatsApp y Signal.

Expertos y organizaciones civiles ya han advertido que entregar a una empresa extranjera acceso tan amplio a los datos de migrantes implica riesgos de contravigilancia y posibles abusos de poder, lo cual puede socavar la transparencia democrática.

Esta herramienta exige algún tipo de interacción del usuario, como hacer clic en un enlace o abrir un archivo sospechoso, para instalarse, pero una vez implementada, el acceso es prácticamente ilimitado, según explica el ingeniero Feli Michaca.

Hasta ahora, ICE obtenía información a través de redes sociales o plataformas públicas; con Graphite, el acceso sería directo a los dispositivos, lo cual eleva las preocupaciones sobre vigilancia federal intrusiva.

En paralelo, es importante considerar otros métodos de vigilancia previamente utilizados. La ACLU reveló que ICE ya ha empleado dispositivos “Stingray” para simular torres celulares y rastrear teléfonos sin orden judicial en investigaciones criminales, lo que demuestra un patrón creciente de monitoreo invasivo.

En contraste, iniciativas como SmartLINK, implementadas en condados de California como San Diego para seguimiento de migrantes durante sus procesos judiciales, utilizaban tecnología biométrica y GPS en lugar de espionaje digital, aunque también enfrentaron críticas por expandir el control estatal sobre personas en libertad condicional.

Mientras tanto, en relación con fraudes migratorios, el fiscal general del estado, Rob Bonta, ha intensificado las advertencias contra personas que se hacen pasar por agentes de ICE, recordando que oficiales reales no solicitan dinero ni información personal por teléfono.

La implementación de Graphite por parte de ICE abre un capítulo especialmente problemático en el equilibrio entre seguridad nacional y derechos individuales. Se trata de una herramienta que fusiona capacidades de vigilancia tecnológica avanzada con procesos migratorios sensibles, lo que exige supervisión legislativa y judicial rigurosa para evitar violaciones al debido proceso y abusos de poder.

La tensión actual en California pone de relieve la urgencia de un debate público informado que priorice la dignidad y la privacidad de quienes buscan justicia migratoria.