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Nuevas leyes antiinmigración en Florida: lo que necesita saber
Estas normas tienen como objetivo reforzar el cumplimiento de la legislación migratoria a nivel estatal y local.
En una decisión que ha desatado un fuerte debate, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó un conjunto de leyes migratorias que, según sus partidarios, son las más rigurosas del país. Estas normas tienen como objetivo reforzar el cumplimiento de la legislación migratoria a nivel estatal y local, en sintonía con la propuesta de deportaciones masivas promovida por el expresidente Donald Trump.
Endurecimiento de las penas para inmigrantes sin autorización
Las nuevas normativas endurecen las sanciones para los inmigrantes que cometan delitos en Florida sin contar con estatus legal en Estados Unidos. Uno de los cambios más relevantes es la implementación de la pena de muerte para aquellos declarados culpables de crímenes capitales, como el asesinato en primer grado o la violación infantil.
Esta disposición ha generado una fuerte respuesta por parte de sectores políticos y defensores de derechos civiles, quienes sostienen que va en contra de precedentes fijados por la Corte Suprema de Estados Unidos. Incluso algunos legisladores republicanos han manifestado dudas sobre la constitucionalidad de la medida.
Creación de un nuevo delito de ingreso ilegal a Florida
Las nuevas leyes también crean un delito estatal adicional, el ingreso a Florida después de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos. Esta medida afecta a los inmigrantes mayores de 18 años que, tras haber evadido controles oficiales en la frontera, lleguen al estado.
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El objetivo de esta norma es dotar a las autoridades estatales de más recursos legales para procesar a quienes accedan al territorio de Florida sin autorización. No obstante, los críticos advierten que esta política podría derivar en la persecución de inmigrantes que han vivido en el país durante años sin antecedentes criminales.
Eliminación de la matrícula estatal para estudiantes sin estatus legal
Otra de las disposiciones anula la ley del 2014 que permitía a estudiantes inmigrantes en situación irregular acceder a la matrícula estatal en universidades públicas, lo que les otorgaba tarifas más bajas en comparación con los estudiantes de otros estados.
En su momento, el entonces gobernador Rick Scott aprobó esta ley bajo el argumento de que favorecería a jóvenes que habían crecido en Florida. No obstante, con la nueva legislación, estos estudiantes deberán afrontar tarifas más altas de matrícula, lo que podría representar un obstáculo significativo para su acceso a la educación superior.
Creación de la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración
Para supervisar la aplicación de las nuevas normativas, se creó la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración, integrada por el gobernador, el fiscal general, el jefe financiero del Estado y el comisionado de Agricultura.
Este organismo tendrá la responsabilidad de coordinar acciones con las agencias federales de inmigración y gestionar la distribución de US$ 250 millones en subvenciones para agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley. Como director de la junta fue nombrado Larry Keefe, exfiscal federal y responsable de la controvertida operación de 2022 que trasladó a 50 migrantes desde Texas hasta Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
Reforma y expansión del programa de transporte de migrantes
El programa estatal de transporte de migrantes, iniciado en 2022 con un presupuesto de USD 12 millones, fue modificado y ampliado con una inversión de USD 298 millones.
En un principio, DeSantis propuso conceder a las autoridades estatales la facultad de deportar inmigrantes fuera del país. No obstante, la versión final de la ley eliminó esa disposición, estableciendo que Florida solo podrá trasladar inmigrantes fuera del estado si las autoridades federales lo solicitan y financian el proceso.
