¿Necesita ayuda legal migratoria? Estas organizaciones en California y Nevada lo asesoran gratis y sin importar su estatus

En respuesta a recientes cambios legislativos en California, diversas organizaciones en California y Nevada han intensificado sus esfuerzos para ofrecer asistencia legal gratuita o de bajo costo a migrantes que enfrentan procesos de deportación.

La medida surge justo después de que la Asamblea estatal aprobara una enmienda que restringe fondos públicos para defensa en casos de migrantes condenados por cualquier delito grave.

Ante este panorama, instituciones como el Immigration Center for Women and Children (ICWC) han reforzado sus programas de asesoría legal en ambas entidades. Esta ONG no solo brinda representación en tribunales federales e inmigración, sino que también asiste particularmente a mujeres, niños y sobrevivientes de violencia.

Su labor es complementada por Catholic Charities of Northern Nevada, que ofrece acceso a servicios legales a familias migrantes en el norte del estado, incluyendo ayuda en solicitudes de asilo y presentación de recursos migratorios.

En California, el Estado Bar’s Legal Services Trust Fund distribuye fondos recaudados por intereses de cuentas fiduciarias (IOLTA) y, en 2024, destinó un 85 % a proyectos de servicios legales gratuitos.

Además, el programa estatal ISF (Immigration Services Funding), impulsado por el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS), financia a organizaciones comunitarias que realizan educación migratoria y asistencia legal a indígenas y migrantes con recursos limitados.

Entre los recursos a disposición, el directorio nacional de Immigration Advocates Network y Pro Bono Net centraliza proveedores sin ánimo de lucro en ambos estados, facilitando el contacto de migrantes con defensores legales voluntarios.

De hecho, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia publica trimestralmente una lista oficial de organizaciones legales que ofrecen servicios pro bono, entre las que figuran varios proveedores en Los Ángeles y Las Vegas.

Esta red de apoyo cobra especial relevancia tras los recientes debates parlamentarios en Sacramento, donde los legisladores demócratas aprobaron restricciones al uso de fondos estatales en casos de migrantes con antecedentes de delitos graves, siguiendo presiones republicanas.

Como consecuencia, se ha observado un aumento notable en la demanda de servicios legales fuera del circuito estatal, lo que ha incentivado a las ONG a buscar subvenciones federales, privadas y comunitarias.

La coordinación entre distintas organizaciones también ha mejorado. Por ejemplo, ICWC y Catholic Charities colaboran estrechamente con redes nacionales como Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), que recientemente reforzó sus representaciones gratuitas para menores no acompañados, veteranos y otros migrantes vulnerables afectados por operativos de ICE en California.

Funcionarios estatales destacan que, a pesar de los obstáculos presupuestarios, las alianzas entre fundaciones, bufetes pro bono y agencias estatales permiten brindar atención integral, que incluye representación legal, talleres informativos y apoyo psicológico. Esto no solo fortalece la defensa jurídica, sino también la resiliencia comunitaria frente a una política migratoria cada vez más restrictiva a nivel federal.

Según datos oficiales del CDSS y del State Bar de California, en 2024 se atendieron más de 20.000 casos migratorios en ambos estados, consolidando una red cada vez más sólida de respuesta legal gratuita para quienes carecen de recursos económicos y enfrentan procesos de deportación.