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Miles de venezolanos en Estados Unidos al borde de la deportación tras polémico fallo de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Estados Unidos da luz verde al fin del TPS para venezolanos, dejando a miles en riesgo de deportación y sin acceso legal al trabajo mientras crece la presión política y social por una solución definitiva.
La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha marcado un giro significativo en la política migratoria del país, al permitir que la administración del expresidente Donald Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos.
Esta medida, que revoca la protección otorgada por el gobierno de Joe Biden en 2021, deja a miles de inmigrantes en una situación de vulnerabilidad, enfrentando la posibilidad de deportación y la pérdida de sus permisos de trabajo y residencia legal.
El TPS es un programa que brinda protección temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden su regreso seguro.
En el caso de Venezuela, la designación se basó en la crisis humanitaria y política que ha afectado al país en los últimos años. Sin embargo, la administración Trump argumentó que la situación en Venezuela había mejorado lo suficiente como para justificar la terminación del TPS, una posición que fue respaldada por la Corte Suprema en su fallo reciente.
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La decisión ha generado preocupación entre la comunidad venezolana en Estados Unidos y entre defensores de los derechos de los inmigrantes. Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, calificó la medida como una “gran injusticia” y advirtió que podría tener repercusiones para generaciones de venezolanos.
Ferro instó a las familias afectadas a buscar asesoría legal para explorar alternativas migratorias, como el asilo, mientras persiste la lucha en los tribunales y en el Congreso.
La implementación de la decisión ya ha tenido consecuencias tangibles. La empresa Walt Disney Company colocó a aproximadamente 45 empleados venezolanos en Florida en una licencia no remunerada de 30 días, debido a la posible pérdida de su estatus de TPS. Si no pueden proporcionar una nueva autorización de trabajo dentro de ese período, enfrentarán la terminación de su empleo.
Aunque la Corte Suprema ha permitido la terminación del TPS, el proceso legal continúa. La decisión del tribunal superior anuló una orden previa de un juez federal en California que había bloqueado la eliminación del programa, al considerar que causaría un “daño irreparable” a los beneficiarios.
Sin embargo, la Corte Suprema no proporcionó una justificación detallada para su decisión, lo que es común en apelaciones de emergencia.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elogió la decisión como un paso hacia el fortalecimiento de la integridad del sistema migratorio. No obstante, la medida ha sido criticada por defensores de los derechos humanos y organizaciones de inmigrantes, que argumentan que pone en peligro a personas que han huido de condiciones extremas en su país de origen.
En este contexto, se espera que el Congreso y las organizaciones de la sociedad civil intensifiquen sus esfuerzos para encontrar soluciones legislativas que brinden estabilidad y protección a los venezolanos afectados por la terminación del TPS.
Mientras tanto, miles de familias enfrentan un futuro incierto, marcado por la ansiedad y la necesidad de tomar decisiones difíciles sobre su permanencia en Estados Unidos.
