MUNDO
Miles de migrantes afectados: Estados Unidos elimina beneficio que los protegía
La nueva política federal impacta directamente a miles de familias migrantes, dejando sin acceso a educación temprana, salud y formación técnica.
El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que eliminará el acceso de migrantes indocumentados a cerca de 13 programas federales, incluyendo el reconocido programa Head Start, formación técnica y centros de salud comunitarios.
La medida, oficializada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Secretaría de Educación, responde a una reinterpretación de la ley PRWORA de 1996, que restringe los beneficios públicos a personas sin estatus legal.
El HHS sostuvo que la decisión busca “restaurar la integridad de los programas sociales federales, aplicar el imperio de la ley y proteger los recursos vitales para los estadounidenses”.
Según estimaciones de la agencia, la exclusión podría ahorrar cerca de 374 millones de dólares anuales en Head Start, aunque se advierte que costará unos 21 millones en trámites y adaptación.
Lo más leído
El HHS enfatizó que el ajuste se efectúa “de inmediato”, mientras que el Departamento de Educación aplicará sanciones desde el 9 de agosto en programas técnicos y de formación para adultos.
La medida ha generado alarma entre organizaciones dedicadas a la infancia. La National Head Start Association advirtió que este cambio creará “miedo y confusión” entre las familias, al romper con una tradición de 60 años en la que el programa no exige verificación de estatus migratorio.
Investigaciones previas han documentado que la formación temprana mejora logros académicos y reduce la brecha educativa en comunidades vulnerables, por lo que su restricción podría generar consecuencias a largo plazo.
El Departamento de Educación, a su vez, revocó una carta interpretativa emitida en 1997 durante la administración Clinton, que permitía que estudiantes indocumentados pudieran acceder a becas, préstamos y programas de educación técnica y universitaria.
La secretaria Linda McMahon declaró que “los fondos públicos deben beneficiar a ciudadanos y residentes legales”.
La cartera de Trabajo también alineó su normativa con la orden ejecutiva del presidente, instando a que los programas de desarrollo laboral verifiquen que los beneficiarios tengan autorización para trabajar, con el propósito declarado de proteger el puesto de los trabajadores estadounidenses
Mientras el gobierno calcula ahorros millonarios, críticos señalan efectos contraproducentes. Elevar la deserción escolar, impulsar desigualdades y aumentar los costos en educación pública básica si los niños excluidos de Head Start requieren más apoyo en el sistema K‑12. Además, el temor generado podría desalentar a familias elegibles, empeorando la integración social.
En el plano legal, los expertos advierten posibles demandas. El respaldo de la política se basa en el PRWORA, pero la vigencia de precedentes como Plyler v. Doe (1982), que protege el derecho a la educación básica, deja espacio para impugnaciones sobre si la restricción afecta derechos indirectos de los menores indocumentados.
Este cambio de política parte de una cadena de órdenes ejecutivas impulsadas por el presidente Trump desde febrero, reafirma una postura migratoria restrictiva tras terminar programas de amnistía, acceso a seguro médico y mecanismos de protección temporal para ciertos colectivos
Según un comunicado oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos, “esta acción garantiza que fondos financiados por contribuyentes destinados a ciudadanos estadounidenses no se redirijan hacia quienes viven en el país sin estatus legal”.
