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Migrantes en la mira: el gobierno de Donald Trump obtiene datos médicos para deportar
La entrega de información médica de inmigrantes por parte del Gobierno federal desata alarmas legales y sociales, reavivando el temor a una vigilancia estatal con fines migratorios.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, facilitó esta semana a las autoridades migratorias datos personales de millones de inscritos en Medicaid, entre ellos, nombre, dirección, número de seguro social, estatus migratorio y reclamos médicos.
Según un reporte de Associated Press, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, por orden de dos asesores del secretario Robert F. Kennedy Jr., exigió que el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) transfiriera la información en apenas 54 minutos, pese a las objeciones internas que advertían que la medida podría infringir la Ley del Seguro Social y la Ley de Privacidad de 1974.
Esta acción derivó de una iniciativa promovida por el presidente Trump, enfocada en evitar que inmigrantes no autorizados accedan a beneficios públicos, una estrategia que incluye revisar el uso de Medicaid y Medicare por parte de presuntos indocumentados.
El traspaso afectó datos de estados como California, Illinois, y Washington D. C., lugares donde los gobiernos estatales pagan programas sanitarios para no ciudadanos con fondos estatales.
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El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la acción como “posiblemente ilegal” y un abuso que atenta contra la privacidad de familias inmigrantes, mientras que otros estados también expresaron inquietud sobre posibles usos de los datos para deportaciones o para creer como factor en solicitudes de residencia.
Activistas y organizaciones como la ACLU han advertido que el intercambio de esta información podría debilitar la confianza de las comunidades en los sistemas de salud públicos y desalentar a los inmigrantes, incluso con estatus legal, de buscar atención médica.
Expertos en salud pública recuerdan que las poblaciones inmigrantes ya enfrentan una alta tasa de falta de seguro médico. De acuerdo con la encuesta de KFF y Los Angeles Times en 2023, el 50 % de los adultos inmigrantes indocumentados y el 18 % de los inmigrantes presentes legalmente carecen de seguro, en comparación con el 6 % de ciudadanos naturalizados.
El temor generado por políticas como “public charge” ha tenido un efecto paralizante persistente. Estudios de UCLA revelan que en 2019 un 17 % de adultos indocumentados evitó inscribirse en programas públicos, generando consecuencias negativas para su salud.
Organismos de salud estatales como la Agencia de Cuidado de la Salud de Washington informaron que desconocen el alcance exacto de la información compartida y su posible uso, mientras investigan el alcance del incidente. En California, se indaga si el intercambio pudo violar compromisos estatales de confidencialidad y políticas de privacidad aprobadas por el estado.
El panorama se complica por una reciente oleada de protestas en ciudades como Los Ángeles, donde manifestantes denuncian que estas prácticas migratorias militarizadas incluyen el uso de la Guardia Nacional, drones y tácticas de confrontación. El intercambio de datos sensitivos es percibido como una extensión de una ofensiva federal que vulnera espacios comunitarios .
Por su parte, el Gobierno federal sostiene que la medida fue legal y necesaria para cumplir con el mandato de evitar el uso indebido de beneficios públicos, amparado en un memorando presidencial de febrero. Sin embargo, la presión legal ha crecido, pues abogados de privacidad y legisladores estatales plantean que la medida podría estar incumpliendo la normativa sanitaria y de protección de datos .
Mientras tanto, en los tribunales ya se anticipan demandas que apelan a la Ley de Privacidad y a las garantías de confidencialidad médica. En paralelo, activistas preparan campañas para informar a la comunidad y mitigar el efecto de “enfriamiento” que podría impedir que millones de inmigrantes soliciten atención sanitaria, agravando las brechas en salud pública, según advierten expertos.
El suceso marca un hito en la tensión entre políticas migratorias, salud pública y derechos fundamentales, planteando un dilema: ¿protección de recursos públicos o vulneración sistemática de la privacidad y el acceso a servicios esenciales? La resolución judicial y la reacción legislativa definirán el impacto futuro de esta controvertida decisión.
