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Lo que debe saber sobre los nuevos requisitos de licencia de conducir en Florida
La nueva medida ya está en vigor y afecta a todos los migrantes con estatus legal temporal, quienes deberán renovar su licencia de conducir anualmente sin excepción.
Desde este mes de junio, Florida refuerza su política migratoria con una medida que ya está siendo aplicada en todas las oficinas del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV): los migrantes con estatus legal temporal deberán renovar su licencia de conducir cada doce meses, sin importar si su visa o permiso tiene una duración superior. La norma está generando inquietud entre miles de residentes que ahora deberán realizar este trámite anualmente, sumando tiempo, dinero y papeleo a su permanencia legal en el estado.
El FLHSMV establece que toda persona con estatus migratorio no permanente debe renovar su licencia o tarjeta de identificación con una vigencia máxima de un año. Incluso en casos donde los documentos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reflejen una validez de varios años, Florida limitará el periodo de los documentos emitidos.
Según lo estipulado por la entidad estatal: “Las personas con estatus migratorio temporal deberán actualizar su licencia cada año, acorde a su situación migratoria vigente”.
Para cumplir con esta nueva exigencia, los migrantes deben presentar un documento de identidad válido, número de Seguro Social si aplica, y prueba de domicilio reciente. Además, se exige documentación migratoria oficial como el formulario I-797, el I-94, pasaporte vigente o cualquier otro soporte emitido por USCIS que valide el estatus actual. Cuando no se especifica una fecha exacta de expiración, la vigencia de la licencia no superará los 12 meses desde su emisión.
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Esta nueva regla se suma a las disposiciones de la ley SB 1718, que ha marcado un cambio profundo en el trato que reciben los migrantes en Florida. Desde su aprobación, la normativa ha invalidado licencias de conducir emitidas en otros estados a personas sin estatus migratorio regular y ha autorizado a las autoridades locales a colaborar directamente con ICE en operativos de control migratorio. En este contexto, la medida actual es percibida por muchas organizaciones civiles como parte de una tendencia hacia políticas cada vez más restrictivas.
Colectivos como la ACLU y la Coalición de Inmigrantes de Florida han expresado que esta disposición añade obstáculos innecesarios para quienes ya enfrentan procesos legales complejos. La renovación obligatoria cada año implica costos económicos, riesgos de sanción por vencimiento involuntario, y largas esperas en oficinas públicas que muchas veces carecen de personal suficiente.
En un estado donde gran parte de la fuerza laboral migrante es esencial para sectores como la agricultura, la salud o la construcción, las nuevas medidas podrían tener efectos sociales y económicos a mediano plazo. Mientras tanto, la comunidad migrante deberá adaptarse rápidamente a una política que refuerza los controles, incluso sobre quienes residen legalmente en el país.
