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¿Lo pueden echar de la playa en Florida? Esto dice la polémica ley que acaba de firmar Ron DeSantis
La nueva ley en Florida redefine el acceso público a la arena seca y acelera proyectos para frenar la erosión de sus playas.
El verano de 2025 trae a la costa de Florida un cambio sustancial en el uso y conservación de sus playas. El gobernador Ron DeSantis firmó el pasado 24 de junio el Senate Bill 1622, que revierte restricciones impuestas en 2018 y devuelve a gobiernos locales la autoridad para reconocer el uso tradicional recreativo de la arena, como caminar, pescar o nadar, sin necesidad de recurrir a procesos judiciales en cada tramo de playa.
Este nuevo marco legal se apoya en la doctrina de “customary use”, reconocida previamente por la Corte Suprema de Florida, que avala el derecho público sobre la arena seca si su uso ha sido “antiguo, razonable, sin interrupciones y sin disputas”.
La ley también elimina trabas administrativas, como notificaciones obligatorias a propietarios privados, audiencias públicas y revisión judicial previa, medidas que ralentizaban decisiones locales.
El Departamento de Protección Ambiental de Florida (DEP) fue autorizado a agilizar los planes de restauración en zonas costeras críticamente erosionadas, especialmente en condados del Golfo con menos de 275.000 habitantes y al menos tres municipios, tomando como referencia la línea media de marea alta para definir el área erosionada.
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Según datos oficiales del DEP, este ente ha gestionado proyectos desde la década de 1970 que protegen la biodiversidad, como las áreas de puesta de tortugas marinas y hábitats de aves migratorias.
Desde 2019, Florida ha destinado más de 550 millones de dólares a la renutrición de playas, y el presupuesto de este año incluye $53 millones de dólares adicionales para mitigar efectos de tormentas recientes como Helene, Milton y Debby.
Esta inversión es parte de un esfuerzo estratégico por mantener 825 millas de costa, fundamentales para la economía estatal, que generan más de $50.000 millones de dólares en turismo y emplean a 900.000 personas.
No obstante, la ley ha generado tensiones entre propietarios y visitantes. En Hallandale Beach, por ejemplo, algunas personas han reportado haber sido expulsadas de la arena seca por estar merodeando en terrenos considerados privados más allá de la línea de marea alta. Aun así, defensores del acceso público, como la activista Camila Penna, defienden que “la playa es para que todos disfruten”, reclamando mayor claridad en los límites.
En Walton County, terreno de múltiples disputas legales, el 1.º Distrito de Apelaciones de Florida evalúa si esta ley puede invalidar litigios pendientes entre propietarios y el condado sobre “customary use”. Mientras tanto, el condado se prepara para aprovechar la reforma y restablecer ese uso habitual en tramos restringidos según los criterios anteriores.
Además, el DEP indica que el 90 % de los accesos costeros estatales están abiertos al público, y ofrece guías digitales para localizar puntos autorizados.
Así, el SB 1622 busca equilibrar dos necesidades: proteger derechos públicos en la arena y garantizar procesos eficaces para revertir la erosión costera.
El éxito de esta iniciativa dependerá ahora de su implementación local, la resolución de conflictos legales y la capacidad de las autoridades para educar al público sobre los límites entre lo privado y lo común en la costa.
