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Juez bloquea el fin del TPS que protege a más de 300 mil venezolanos en Estados Unidos
La medida, que afectaba a más de 600 mil personas de otras nacionalidades, quedará suspendida indefinidamente.
Un juez federal en San Francisco impidió que la administración de Donald Trump cancelara las protecciones contra la deportación de varios cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos. Alrededor de 350.000 venezolanos habrían perdido el 7 de abril un estatus legal conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), a menos que se tomen medidas judiciales.
El juez del Tribunal de Distrito Edward M. Chen determinó que los demandantes, probablemente, tendrían éxito en demostrar que la terminación de las protecciones del TPS por parte de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) Kristi Noem, fue ilegal, arbitraria y caprichosa, y motivada por un ánimo inconstitucional en una orden de la tarde de este lunes, 31 de marzo.
La terminación de los beneficios del TPS perjudicaría la economía y la seguridad pública, escribió Chen. Y concluyó que el gobierno no había identificado ningún perjuicio al mantener las protecciones, por lo cual, fue esta la razón por la que había decidido declarar la medida como ilegal dentro del marco constitucional estadounidense. Se espera que el gobierno Trump reaccione duramente ante la decisión tomada por el juez.
El programa TPS permite a los inmigrantes de países designados permanecer en Estados Unidos hasta 18 meses y solicitar autorización de trabajo legal cuando no pueden regresar a casa de forma segura debido a conflictos armados o desastres naturales. Si bien el gobierno de Joe Biden otorgó extensiones del TPS para venezolanos y haitianos en enero, Noem rescindió las protecciones y, posteriormente, anunció que dejaría expirar las designaciones anteriores.
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Aproximadamente medio millón de haitianos verían finalizada la protección del TPS en agosto si se prosigue con las cancelaciones. Otro cuarto de millón de venezolanos con una designación de TPS independiente perderían la protección en septiembre, lo cual ha provocado manifestaciones y rechazo en redes de parte, principalmente, de ciudadanos venezolanos y haitianos, que rechazan la medida tomada por el gobierno Trump.
Por su parte, la Alianza Nacional del TPS impugnó las cancelaciones, argumentando que el DHS se excedió en su autoridad y violó la Ley de Procedimiento Administrativo al cancelar prematuramente las protecciones.
El grupo también argumentó que la eliminación de los beneficios estuvo motivada por el sesgo racial de los funcionarios de Trump, lo que viola la garantía de igualdad ante la Ley de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad exige que el DHS evalúe las condiciones en un país designado al menos 60 días antes del vencimiento de las protecciones para determinar si deben renovarse. Los demandantes alegaron que el proceso de revisión del DHS fue deficiente y que la justificación de Noem por “interés nacional” para las terminaciones no está permitida por la ley.
La administración Trump afirmó que las desvinculaciones se basaron en objetivos de política migratoria y no en animosidad racial. Y, de todos modos, argumentó que el tribunal carecía de jurisdicción para revisar la decisión tomada por el gobierno nacional por instrucción de parte del mandatario republicano.
