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Jubilados en crisis: en Estados Unidos embargarán cheques del Seguro Social para cobrar préstamos estudiantiles
Miles de adultos mayores podrían ver reducidos sus ingresos mensuales por una política federal que busca recuperar deudas estudiantiles, reabriendo el debate sobre la justicia del sistema en la vejez
A partir de junio de 2025, cientos de miles de jubilados en Estados Unidos verán reducidos sus pagos mensuales del Seguro Social hasta en un 15%, debido a la reanudación del embargo federal sobre beneficios para saldar préstamos estudiantiles en mora.
Esta medida, reinstaurada por la administración Trump tras una pausa de cinco años durante la pandemia, afecta principalmente a adultos mayores con ingresos limitados que aún arrastran deudas educativas.
Según datos del Departamento de Educación, aproximadamente 452,000 personas mayores de 62 años tienen préstamos estudiantiles en incumplimiento y están sujetas a embargos automáticos.
La ley federal solo protege $750 dólares mensuales de los beneficios del Seguro Social frente a estos embargos, una cifra muy por debajo del umbral de pobreza. Esto significa que muchos jubilados podrían recibir cheques significativamente reducidos, agravando su situación financiera.
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La política de embargos fue suspendida durante la pandemia, pero su reactivación ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los adultos mayores. Sarah Sattelmeyer, del think tank New America, expresó: “Estamos básicamente proporcionando beneficios federales con una mano y quitándolos con la otra”.
El impacto de esta medida es significativo. Muchos de estos jubilados adquirieron préstamos estudiantiles hace décadas con la esperanza de mejorar sus perspectivas laborales. Sin embargo, debido a intereses acumulados y dificultades económicas, sus deudas han crecido considerablemente. Ahora, enfrentan la posibilidad de perder una parte esencial de sus ingresos en la vejez.
La administración Trump defiende la medida como una forma de garantizar la responsabilidad financiera. Sin embargo, críticos argumentan que penaliza injustamente a personas mayores que ya enfrentan desafíos económicos. Además, señalan que el umbral de protección de $750 dólares no se ha ajustado desde 1996, a pesar de los aumentos en el costo de vida.
Para aquellos afectados, existen opciones para evitar o mitigar los embargos, como inscribirse en planes de pago basados en ingresos o solicitar exenciones por dificultades económicas. Sin embargo, estos procesos pueden ser complejos y requieren asistencia legal o financiera, recursos que muchos jubilados no tienen como pagar.
Casos como el de Mary Jenkins, de 72 años, ejemplifican la situación. Ella tomó un préstamo para completar sus estudios universitarios en los años 90, pero al jubilarse seguía pagando intereses. “Nunca imaginé que en mi vejez me quitarían parte del dinero que gano con tanto esfuerzo”, comenta. Como ella, muchos se sienten atrapados en un sistema que no considera la vulnerabilidad de su edad.
La reanudación de los embargos también ha puesto en marcha el debate sobre la sostenibilidad del sistema de préstamos estudiantiles y su impacto en las generaciones mayores. Con el aumento de la esperanza de vida y la creciente carga de la deuda estudiantil, muchos expertos claman por reformas que consideren las circunstancias de los adultos mayores.
En efecto, la reactivación de los embargos del Seguro Social para saldar deudas estudiantiles coloca a muchos jubilados en una posición financiera precaria.
Es esencial que las personas afectadas busquen asesoramiento y exploren las opciones disponibles para proteger sus ingresos en la jubilación. Además, se requiere un debate nacional urgente sobre políticas más humanas que no comprometan la dignidad económica en la tercera edad.
