Guía para inmigrantes en EE. UU.: así podrá alquilar vivienda sin historial crediticio y evitar estafas

Alquilar una vivienda en Estados Unidos puede convertirse en un desafío para los inmigrantes que llegan sin historial de crédito local ni número de Seguro Social. Sin embargo, existen mecanismos legales y prácticos que facilitan este proceso.

Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y el Departamento de Justicia, la Ley de Vivienda Justa prohíbe expresamente la discriminación en los arrendamientos por motivos de origen nacional, raza, sexo, religión, situación familiar o discapacidad, lo que garantiza protección para quienes buscan establecerse en el país.

Para demostrar solvencia, los inmigrantes pueden presentar un paquete de documentos alternativos que reemplacen el historial de crédito estadounidense. Este puede incluir pasaporte, visa, contratos de trabajo, recibos de nómina, extractos bancarios y referencias de arrendadores previos. Muchos propietarios están dispuestos a aceptar depósitos más altos, el pago de varios meses por adelantado o un codeudor local.

Así mismo, el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), puede servir en algunos trámites relacionados con pagos e identificación fiscal, aunque no reemplaza al Seguro Social ni representa autorización para trabajar. La Administración del Seguro Social señala que solo los no ciudadanos con permiso de empleo pueden obtener un SSN válido.

Uno de los mayores obstáculos para los inmigrantes es el “tenant screening”, un proceso de verificación que utilizan arrendadores y compañías privadas para evaluar a los solicitantes. Estos reportes, que incluyen antecedentes y datos financieros, suelen contener errores que afectan injustamente a los inquilinos.

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ha documentado fallas en estos registros y recuerda que cualquier persona tiene derecho a solicitar una copia del reporte usado en su contra y disputar inexactitudes. Además, ha advertido sobre cargos ocultos o “junk fees” aplicados de manera indebida durante estas verificaciones.

El fraude en alquileres es otro problema recurrente. La Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda desconfiar de ofertas con precios muy bajos, propietarios que se niegan a mostrar la vivienda o quienes exigen pagos inmediatos mediante transferencias, criptomonedas o tarjetas de regalo.

Estas prácticas son señal de estafa. La FTC aconseja visitar el inmueble antes de firmar, verificar la identidad del arrendador en registros oficiales y asegurarse de que exista un contrato por escrito con todos los términos claramente establecidos.

Negociar con el arrendador es una opción viable. Cartas del empleador, pruebas de fondos, historial de pagos en el país de origen y pólizas de seguro de inquilino son elementos que fortalecen la aplicación.

También resulta esencial exigir que las condiciones de contrato estén claras, incluyendo reglas sobre mascotas, aumentos de renta, mantenimiento y devolución de depósitos. En caso de discriminación, HUD recuerda que los inmigrantes pueden documentar la situación y denunciarla sin temor a represalias.

Con el respaldo de instituciones oficiales como HUD, IRS, CFPB y FTC, quienes llegan al país cuentan con herramientas legales para protegerse de abusos, evitar estafas y asegurar un acceso justo a la vivienda.

Según HUD, la Ley de Vivienda Justa continúa siendo una de las principales garantías para lograrlo.