Gobierno federal ordena eliminar programa ‘Latinos in Action’ en Florida por presunta discriminación étnica

Un pronunciamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos ha obligado a varios distritos escolares de Florida a poner fin al programa Latinos in Action, una iniciativa educativa orientada a estudiantes hispanos.

La decisión generó reacciones encontradas entre autoridades escolares, estudiantes y grupos de defensa de los derechos civiles. Según una carta del 24 de septiembre firmada por Craig Trainor, subsecretario interino del área de derechos civiles del Departamento de Educación, el programa parece operar con cuotas étnicas, excluyendo o privilegiando a alumnos por su origen latino, lo que podría violar la Ley de Derechos Civiles (Title VI) que prohíbe discriminación basada en raza o etnia.

En Seminole County, el distrito escolar notificó a padres y estudiantes que abandonará la colaboración con Latinos in Action y lo reemplazará por un nuevo curso llamado Leaders in Action a partir del semestre de primavera de 2026. La junta escolar manifestó que, aunque el programa llevaba aproximadamente ocho años en operación y contaba con aprobación curricular local, acatará las indicaciones federales para evitar sanciones legales.

Mientras tanto, en Broward County, el distrito se encuentra bajo presión para confirmar en cinco días que cancelará el programa o arriesgará la pérdida de hasta $30 millones de dólares en fondos federales destinados a programas tipo imán.

Otras jurisdicciones como Polk County han recibido órdenes similares: el distrito fue instado a eliminar la materia electiva con temática hispana. En la misiva enviada al distrito de Seminole, el Departamento denuncia que el programa exige que el 80% de los estudiantes sean latinos, mientras que el 20% restante puede ser de otros orígenes, lo que, según la carta federal, constituye un “balanceo racial ilegal”.

Por su parte, los defensores de Latinos in Action sostienen que los cursos estaban abiertos a todos los estudiantes interesados y que nunca se obligó adhesión étnica explícita en las escuelas.

La tensión desencadenada por esta medida refleja un debate más amplio sobre la legalidad y pertinencia de programas educativos dirigidos a grupos raciales o étnicos específicos. Grupos de derechos civiles como LatinoJustice y otras organizaciones del sector educativo podrían observar este caso con atención, pues sienta precedentes sobre hasta qué punto una política de enfoque hacia minorías puede ser interpretada como discriminatoria bajo normas federales.

La Hispanic Federation, entidad que aboga por el fortalecimiento de comunidades latinas, también ha señalado que cerrar iniciativas de liderazgo cultural podría debilitar mecanismos de inclusión y representación.

Las autoridades escolares de los condados afectados aseguran que reaccionarán rápidamente para diseñar cursos alternativos compatibles con los requisitos federales, manteniendo fuerte énfasis en liderazgo, servicio comunitario y formación académica para todos los estudiantes.

Entretanto, padres y alumnos expresan incertidumbre sobre los efectos en la identidad cultural y el acompañamiento que ofrecía el programa original.

Este caso se convierte en un punto de inflexión para programas educativos con orientación cultural, en una coyuntura en que el gobierno federal parece aplicar una línea más estricta contra prácticas que puedan interpretarse como diferenciación racial.