Estados Unidos
Gobierno de Trump retira $4.000 millones de dólares al tren bala de California y desata enfrentamiento legal con el estado
La administración Trump acusa al proyecto ferroviario de ser inviable por sobrecostos y retrasos, mientras California prepara una demanda federal para defender su plan de infraestructura.

En un giro que sacude el panorama de la infraestructura estadounidense, la administración Trump anunció el retiro de $4.000 millones de dólares en fondos federales destinados al proyecto del tren de alta velocidad de California.
Esta decisión, comunicada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, a través de la Federal Railroad Administration (FRA), responde a un informe de cumplimiento de junio que señalaba incumplimientos en plazos, costos elevadísimos y ausencia de una ruta clara para su conclusión.
Los costos originales del proyecto, estimados en $33.000 M de dólares en 2008, han escalado hasta alcanzar entre $128.000 M y $135.000 M de dólares, sin que se haya completado ni un solo kilómetro de vías entre San Francisco y Los Ángeles.

Trump justificó la medida en redes sociales afirmando que el proyecto es un “tren hacia ningún lado”, y acusó a las autoridades californianas de malgastar recursos federales sin resultados tangibles.
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Duffy añadió que, tras 16 años y $15.000 M de dólares invertidos, el programa no ha “cumplido ni en tiempo ni en presupuesto” y no existe una trayectoria viable para concluirlo antes de 2033, como exige el acuerdo federal. Además, anunció que el Departamento de Justicia revisará si procede recuperar otros fondos ya otorgados.
Por su parte, el gobernador Gavin Newsom calificó la decisión como una acción ilegal y vengativa, acusando al gobierno federal de responder a “animus político” y de favorecer intereses estratégicos de otros países como China.
El California High-Speed Rail Authority (CHSRA), encabezada por su CEO Ian Choudri, sostiene que ha cumplido los términos legales al completar más de 50 estructuras, 60 millas de guía y con 171 millas en diseño y desarrollo; ahora está en la fase de tendido de vías. Afirman que procederán con una demanda judicial en la corte federal del Noveno Circuito para impugnar la terminación de los fondos.

La reacción en el Valle Central no ha sido unánime. Varios líderes locales, como el representante conservador Vince Fong, apoyan el recorte, denunciando “montañas de sobrecostos, demoras y estimaciones poco realistas de usuarios”. Sin embargo, otros, incluidos sindicatos y alcaldes, defienden la importancia del proyecto para generar empleo y revitalizar economías regionales.
Mientras tanto, California busca nuevas fuentes de financiamiento. Newsom propuso agregar 1.000 M de dólares anuales durante 20 años mediante su presupuesto estatal y planea atraer inversión privada para impulsar el inicio operativo del tramo Merced–Bakersfield, previsto para 2033.
Un informe reciente del FRA identificó un déficit de $7.000 M de dólares solo para garantizar la viabilidad del segmento inicial.

El conflicto refleja una disputa más amplia sobre prioridades de infraestructura en Estados Unidos, donde la propuesta federal American High-Speed Rail Act recomienda destinar $205.000 M de dólares en cinco años para trenes de alta velocidad a nivel nacional. En ese contexto, la postura del gobierno actual favorece carreteras y puentes en lugar de sistemas ferroviarios de alta velocidad.
El retiro del apoyo federal impone un desafío mayúsculo al tren bala californiano. El futuro del proyecto dependerá tanto del resultado del litigio pendiente como de la capacidad del estado para asegurar recursos estatales y privados antes de la fecha límite de 2033.