Estados Unidos
Florida rompe récord con 11 ejecuciones en 2025, la cifra más alta en medio siglo de pena de muerte en EE. UU.
El estado gobernado por Ron DeSantis ha superado a Texas y concentra casi un tercio de todas las ejecuciones realizadas en Estados Unidos durante 2025.
Curtis Windom fue ejecutado el 28 de agosto de 2025 en la prisión estatal de Florida en Starke, convirtiéndose en la undécima ejecución del año, un récord en la historia contemporánea del estado impulsado por una intensa agenda capital promovida por el gobernador Ron DeSantis.
Con este caso, Florida alcanzó la mayor cifra de ejecuciones desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976, superando las nueve aplicadas en 2014 y marcando un hito que genera intensos debates en el país.
El panorama adquiere mayor dimensión si se considera que, a nivel nacional, Windom fue la víctima número treinta del año, lo que posiciona a Florida muy por delante de otros estados en la implementación de la pena capital.
Según datos del Death Penalty Information Center, Texas, históricamente líder en este tipo de condenas, apenas ha ejecutado a seis personas en lo que va de 2025, quedando muy por detrás del ritmo impuesto por Florida.
Windom, de 59 años, fue condenado por un brutal triple asesinato cometido en 1992 en el área de Orlando. La noche del 7 de noviembre mató a Johnnie Lee, a quien acusaba de deberle dos mil dólares, y luego atacó con extrema violencia a su novia, Valerie Davis, y a la madre de esta, Mary Lubin.
El crimen fue calificado como despiadado por los fiscales, quienes lograron convencer a un jurado de recomendar la pena capital. Tras décadas en el corredor de la muerte y varios intentos de apelación, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó en agosto sus recursos finales, lo que abrió el camino a la ejecución por inyección letal.
El récord alcanzado por Florida se explica en gran medida por el giro político impulsado por DeSantis, que ha firmado más órdenes de ejecución que cualquier otro gobernador en la última década.
En 2023 aprobó una polémica ley que permite imponer la pena de muerte incluso sin unanimidad en el jurado, exigiendo únicamente una mayoría de ocho de doce miembros, lo que amplió el margen de aplicación de la condena.
Además, promovió otra normativa que autoriza la pena capital en casos de agresión sexual contra menores de doce años, pese a que la Corte Suprema había restringido esta posibilidad en 2008. Estos cambios legales han acelerado el número de sentencias ratificadas y de órdenes de ejecución emitidas.
Los organismos internacionales han mostrado preocupación. Amnistía Internacional denunció que Florida se ha convertido en el epicentro de la expansión de la pena capital en Estados Unidos, alertando sobre los riesgos de errores judiciales en procesos donde las garantías se reducen.
Líderes religiosos locales, como la Conferencia Católica de Florida, calificaron el récord de once ejecuciones como una señal de “retroceso moral” que no contribuye a reducir la criminalidad. Sin embargo, el gobierno estatal sostiene que estas medidas son necesarias para enviar un mensaje de disuasión.
Mientras tanto, el rostro del sistema judicial de Florida se transforma en un ritmo no visto en décadas, con once ejecuciones consumadas en apenas ocho meses y nuevas órdenes ya en el calendario.
