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Estados Unidos despliega cuatro zonas militares en frontera sur: dos nuevas áreas de defensa permitirán detener migrantes temporalmente
El Pentágono amplía su presencia en la frontera sur con nuevas zonas de defensa, mientras crecen las críticas legales y humanitarias.
En una nueva estrategia del Pentágono anunciada el 25 de junio de 2025, el Gobierno de Estados Unidos activó dos “National Defense Areas” para reforzar la vigilancia en la frontera sur, sumando un total de cuatro zonas bajo mando militar.
Una de estas abarcará cerca de 250 millas a lo largo del río Grande en Texas, y estará administrada desde la Joint Base San Antonio. La segunda se instalará en Arizona, bajo jurisdicción de la base aérea de Yuma.
Según un portavoz del Pentágono, estas zonas tienen el propósito de permitir a las tropas retener temporalmente a personas que ingresen sin autorización, hasta que sean entregadas a la Patrulla Fronteriza, sin necesidad de invocar la Insurrection Act de 1807.
Estas áreas se consideran extensiones legales de instalaciones militares, lo que otorga a los efectivos capacidad limitada de detención.
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El despliegue militar coincide con un descenso significativo en cruces ilegales, de acuerdo con datos oficiales. En marzo de 2025 se registraron los niveles más bajos en décadas, atribuibles tanto a la nueva política migratoria del Gobierno como a controles más rigurosos de México.
Actualmente hay unos 11.900 soldados asignados a la frontera bajo el mando del Comando Norte de Estados Unidos USNORTHCOM.
Las primeras detenciones ya han tenido lugar. En la reciente expansión, se registraron al menos dos condenas por ingreso a zonas militares en Nuevo México y Texas, además de más de 1.400 cargos por cruzar sin autorización en áreas ya establecidas.
Un portavoz militar explicó que los soldados “instruyen brevemente a los migrantes, los detienen por unos minutos, y luego llaman a la Patrulla Fronteriza para hacerse cargo”.
No obstante, la expansión ha generado cuestionamientos legales y humanitarios. Varios jueces federales han rechazado más de cien cargos por cruzar estas zonas, argumentando que la señalización era insuficiente y los inmigrantes desconocían las restricciones.
Expertos en derechos civiles y organizaciones humanitarias alertan sobre la militarización de la frontera y su posible impacto en la separación entre fuerzas armadas y civiles, según la ley Posse Comitatus.
El memorando presidencial que respalda estas acciones es el NSPM‑4, que ordena la transferencia de territorio federal, incluida la franja de la reserva Roosevelt, al Departamento de Defensa, permitiendo detener e investigar a personas que ingresen sin autorización.
El general Gregory Guillot, al frente del USNORTHCOM, señaló que la iniciativa mejora la coordinación entre agencias y refuerza la “integridad territorial” de Estados Unidos.
Esta expansión forma parte de la estrategia integral del Gobierno que también contempla el aumento de efectivos de la Guardia Nacional para apoyar el trabajo del ICE en zonas interiores, además de medidas legislativas vinculadas a fondos para bardas, tecnología fronteriza y ampliación de instalaciones de detención.
Así, Estados Unidos consolida un enfoque cada vez más militarizado en la frontera sur, mientras enfrenta debates jurídicos y preocupaciones sobre derechos humanos, transparencia en límites territoriales y el rol adecuado de las fuerzas armadas dentro del país.
Según un comunicado oficial del Pentágono, “estas áreas se consideran propiedad militar protegida, permitiendo acciones defensivas que vienen limitadas por la ley Posse Comitatus”.
