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¿Es migrante? Evite caer en manos de falsos abogados: conozca la nueva ley
La nueva ley HB 915 exige transparencia en los servicios de asesoría legal para inmigrantes y busca frenar los fraudes cometidos por falsos notarios y personas no autorizadas, una práctica que ha afectado gravemente a comunidades vulnerables en Florida
En un esfuerzo por proteger a las comunidades inmigrantes y frenar las crecientes estafas legales, el estado de Florida ha aprobado una nueva ley que penaliza con mayor dureza a quienes se hacen pasar por abogados o asesores de inmigración sin contar con la debida acreditación.
La medida, firmada por el gobernador Ron DeSantis, entrará en vigor el próximo 1 de julio y ha sido celebrada por defensores de derechos civiles y organizaciones de ayuda a migrantes en todo el país.
La legislación, conocida como HB 915, establece que los notarios públicos que no sean abogados deben incluir de forma visible en sus oficinas y materiales publicitarios una advertencia explícita que informe que no están autorizados para brindar servicios legales ni asesoría migratoria. Este texto obligatorio busca evitar que los inmigrantes, especialmente los recién llegados o con poco dominio del idioma, caigan en manos de estafadores que se aprovechan de su vulnerabilidad.
Casos recientes han evidenciado un aumento alarmante en las denuncias de fraude legal contra migrantes en estados como Florida, Texas y California. Individuos que fingen ser abogados han cobrado sumas considerables por trámites que nunca realizaron o que incluso perjudicaron los casos migratorios de sus víctimas.
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En algunos escenarios, las personas engañadas fueron puestas en procesos de deportación por presentar documentos incorrectos o falsas solicitudes de asilo.
Organizaciones como la American Immigration Lawyers Association (AILA) y el Florida Immigrant Coalition han expresado su respaldo a la nueva normativa, aunque advierten que su eficacia dependerá del compromiso de las autoridades locales para su implementación y vigilancia. También recalcan la necesidad de campañas educativas que informen a la comunidad sobre sus derechos y los canales adecuados para obtener ayuda legal.
La nueva ley se enmarca en una serie de políticas migratorias estatales impulsadas por la administración DeSantis, que ha tomado una postura firme frente a la inmigración irregular. En paralelo, el Congreso federal también avanza con reformas, como la Ley Laken Riley, que impone detención obligatoria para ciertos inmigrantes indocumentados involucrados en delitos graves.
Sin embargo, a diferencia de otras normativas más punitivas, la HB 915 ha sido vista como una herramienta preventiva que podría salvar a muchas personas de caer en redes de estafa.
Expertos legales han explicado que parte del problema radica en la confusión generada por el término “notario”, que en muchos países latinoamericanos equivale a una figura legal con amplia autoridad, mientras que en Estados Unidos se trata de una función administrativa con limitaciones claras. Esa diferencia cultural ha sido aprovechada por estafadores para simular credibilidad ante sus víctimas.
Con esta nueva legislación, Florida envía un mensaje claro: la protección de los inmigrantes no puede dejarse en manos de oportunistas. Ahora, será clave monitorear su aplicación para que cumpla su propósito de resguardar la integridad de quienes buscan construir una nueva vida dentro del marco legal.
