MUNDO
Divorciados en Estados Unidos recibirán pagos mensuales: este es el requisito clave que debe cumplir
El nuevo subsidio busca aliviar la carga económica de ex cónyuges afectados por cambios fiscales
El Gobierno federal ha implementado un nuevo programa que otorgará subsidios mensuales a personas divorciadas que cumplan con ciertos requisitos, una medida con impacto económico y social considerable.
Los pagos se otorgarán a excónyuges que hayan finalizado su matrimonio hace al menos diez años y cuenten con una orden judicial vigente que establezca pensión alimenticia o manutención conyugal.
Además, el acuerdo debe haberse firmado antes de 2019, debido a los cambios en la normativa fiscal que entraron en vigor ese año, que eliminaron la deducibilidad de estos pagos. Con esto, el Gobierno busca compensar especialmente a quienes fueron afectados por la reforma fiscal que redujo la carga sobre los pagadores, pero eliminó beneficios a los receptores.
El monto asignado será variable, estimado entre el 150 % y el 180 % del valor original de la pensión, con un tope máximo mensual de 1.200 USD.
Lo más leído
En total, se proyecta que se beneficien unos 500.000 divorciados en situación económica vulnerable. Los pagos serán gestionados por la Administración de Servicios Generales (GSA), que coordinará con el IRS para verificar que los acuerdos cumplan con los requisitos legales y fiscales.
Este plan responde en parte a un informe de la SSA de mayo de 2024, que alertaba sobre la fragilidad financiera de jubilados divorciados, especialmente mujeres, quienes enfrentan niveles de pobreza más altos que el promedio.
Según esa proyección, 60 % de los beneficiarios actuales serán mujeres mayores de 62 años, cuyos matrimonios duraron más de una década y que vieron deteriorarse su ingreso tras el divorcio.
Abogados especializados explican que aunque en divorcios firmados antes de 2019 la pensión era deducible para el pagador y tributable para el receptor, estos cambios tributarios redujeron sustancialmente el poder adquisitivo de los beneficiarios. Por ello, se argumenta que el nuevo plan busca igualar el terreno para quienes firmaron acuerdos en fechas anteriores.
Uno de los retos operativos será determinar claramente quiénes tienen derecho al beneficio. La GSA ha indicado que se exigirá copia del acuerdo judicial y del historial de pagos, así como certificados de impuestos que demuestren que las pensiones no fueron deducidas después de 2018. El proceso puede demorar hasta tres meses desde su solicitud.
Por otro lado, críticos advierten que esta política podría generar disputas legales, ya que algunos ex cónyuges podrían reclamar retroactivamente montos no percibidos. También se cuestiona la sostenibilidad fiscal del programa en un entorno de déficit creciente.
El Congreso, por su parte, debate si extender los pagos solo a casos donde la pensión actual no supere el 40 % de la mediana nacional, medida que reduciría el alcance del programa a quienes realmente están en desventaja económica.
En el ámbito financiero, la medida podría influir en el cálculo de deuda disponible para préstamos hipotecarios, ya que agencias como Fannie Mae toman en cuenta los pagos de pensión como parte de las obligaciones mensuales. Con el subsidio, los beneficiarios verían un alivio en su flujo de caja, aunque los prestamistas también podrían ajustar sus criterios.
Este plan representa una victoria para personas que enfrentan dificultades tras un divorcio y que fueron penalizadas por cambios fiscales recientes. Sin embargo, su éxito dependerá de una implementación rigurosa y de un equilibrio político que evite tensiones presupuestales.
