¿Deportación o ‘green card’? Cubanos en Florida enfrentan al Gobierno con demanda por derechos migratorios

La comunidad cubana en Florida presentó una demanda colectiva federal que busca garantizar la posibilidad de obtener la residencia legal permanente en Estados Unidos para miles de personas afectadas por recientes revocaciones de estatus.

La demanda fue interpuesta por organizaciones de defensa legal como Americans for Immigrant Justice y ACLU de Florida, y representa a cubanos que ingresaron con permisos humanitarios bajo programas del permiso de permanencia temporal (parole) que, recientemente, fueron cancelados.

Según estas organizaciones, se exige que se respete el derecho individual de apelación y no se aplique una terminación masiva del estatus migratorio para este grupo. La acción legal llega luego de que el Tribunal Supremo permitiera al gobierno continuar con la revocación del programa para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), afectando a más de medio millón de personas.

En paralelo, la Ley de Ajuste Cubano (Cuban Adjustment Act, CAA) de 1966, permite que ciudadanos o nativos cubanos que hayan sido admitidos con parole en Estados Unidos después de enero de 1959, y que lleven al menos un año físicamente presentes en territorio estadounidense, soliciten la residencia permanente.

Esta vía legal ha sido clave durante décadas para miles de cubanos, aunque su aplicabilidad se complica cuando el ingreso se realiza bajo formas de parole distintos a los definidos por la ley, como dictaminó recientemente la Junta de Apelaciones de Inmigración en relación con el caso Cabrera‑Fernandez.

Además, el juez federal Indira Talwani, en Boston, emitió en abril una orden para bloquear la terminación categórica de parole para cubanos, entre otros, señalando que cada caso debe ser revisado individualmente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y no cancelarse de forma masiva sin evaluación personalizada.

No obstante, la Corte Suprema levantó esa medida cautelar a finales de mayo, lo que abrió paso a la ejecución del programa de terminaciones que dejó sin estatus laboral y de residencia a cerca de 500.000 inmigrantes.

La demanda colectiva pretende asegurar que los cubanos con parole humanitario no queden en la incertidumbre legal. Busca que se reconozcan sus derechos a solicitar la green card según los términos de la CAA, considerando su admisión legal y cumplimiento de los requisitos de presencia física.

El litigio plantea que la deportación abrupta viola derechos fundamentales y derechos al debido procedimiento garantizados por la Constitución estadounidense.

Fuentes oficiales, como USCIS, mantienen que los beneficiarios del CHNV perdieron autorización de empleo y estatus migratorio conforme a la decisión ejecutiva, aunque podrían intentar protegerse por vías como asilo u otros procesos humanitarios, mientras el sistema judicial resuelve los casos.

USCIS publicó un aviso sobre el fin de esos permisos y la revocación automática de los mismos desde finales de mayo de 2025.

Este litigio adquiere especial relevancia en un estado como Florida, hogar de cerca de 1,6 millones de personas de origen cubano, lo cual representa aproximadamente el 7 % de la población estatal.

Miami‑Dade alberga a más de 900.000 cubanos, constituyendo la mayor comunidad de cubanoamericanos en el país. El desenlace de esta demanda podría marcar un precedente decisivo que determine si se mantiene una vía protegida para que cubanos puedan acceder a la residencia permanente bajo los mecanismos legales existentes.

Según expertos jurídicos, si prospera esta solicitud colectiva, se podría restablecer la protección migratoria y evitar deportaciones masivas.