Estados Unidos
Críticos reaccionan ante Trump: denuncian violación de derechos humanos tras desplazar a personas sin hogar de Washington D. C.
El presidente ordenó el desalojo de campamentos de personas sin hogar en la capital, mientras defensores de derechos humanos alertan sobre riesgos legales y sociales.
Donald Trump desató una polémica al instar a las personas sin hogar en Washington D. C. a “mudarse, de inmediato”, ofreciendo supuestos “lugares para quedarse, pero lejos de la capital”, en el marco de una intervención federal sin precedentes en la seguridad de la ciudad.
A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump reafirmó que los campamentos de indigentes serán removidos y que, aunque se ofrecerán refugios o servicios de salud mental, quienes se nieguen podrían enfrentar multas o prisión.
Esta medida coincide con la invocación, por parte del mandatario, de la sección 740 de la Ley Home Rule del Distrito de Columbia, que le otorga control temporal sobre el Departamento de Policía Metropolitana y permite desplegar tropas de la Guardia Nacional.
Diversos registros oficiales y reportes recientes muestran que el crimen violento en D.C. ha disminuido de forma significativa: estadísticas citadas por la alcaldesa Muriel Bowser reflejan una caída del 26 % en 2025, en comparación con el año anterior.
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Aun así, desde el federalismo impulsado por Trump, más de 800 agentes federales, incluidos integrantes del FBI, ATF, ICE, Policía de Parques y agentes del Departamento de Justicia, han patrullado las calles de la ciudad en jornadas 24/7.
Mientras tanto, defensores de los derechos humanos y las personas sin hogar califican el operativo de “fascista” e inhumano. Jesse Rabinowitz, del Centro Nacional de Leyes sobre la Falta de Vivienda, considera que la estrategia no atiende los problemas de raíz y refleja “una cuestión de poder y autoritarismo” antes que de seguridad pública.
Miriam’s Kitchen y otros grupos han señalado que la falta de viviendas asequibles y servicios integrales es el verdadero desafío, y alertan de que los refugios existentes están saturados.
Los residentes locales, por su parte, reaccionan con preocupación ante un despliegue militarizado que consideran desproporcionado. Muchos denuncian que criminalizar la falta de techo genera más miedo que soluciones duraderas. “Ser una persona sin hogar no es un crimen”, advirtieron, mientras organizaciones como la Coalición Nacional para la Falta de Vivienda preparan líneas de ayuda y apoyo legal.
La oposición política también se ha hecho sentir: la alcaldesa Bowser y representantes demócratas califican la operación como un ataque a la autonomía local y advierten que extender el control federal más allá de los 30 días requeriría aprobación del Congreso, lo cual enfrenta resistencia legislativa.
Personalidades como el chef José Andrés han rechazado públicamente el uso de tropas y han subrayado la necesidad de liderazgo democrático, no militarizado.
El debate en torno a esta medida trasciende el caso puntual de Washington D. C. y plantea interrogantes sobre cómo las ciudades afrontan la pobreza extrema.
Expertos en políticas urbanas señalan que, sin programas de vivienda permanente y reintegración laboral, las acciones de corto plazo corren el riesgo de convertirse en simples operaciones de desplazamiento, dejando intactas las causas profundas de la crisis.
