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Caos y miedo: Trump ordena a ICE triplicar arrestos masivos de inmigrantes y desata crisis humanitaria en Estados Unidos
La administración Trump impulsa una ofensiva sin precedentes contra comunidades migrantes, aumentando arrestos y deportaciones mientras crecen las críticas por violaciones a derechos humanos y el impacto social en ciudades santuario.
En una escalada sin precedentes de las políticas migratorias de la administración Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta una presión creciente para aumentar drásticamente el número de arrestos diarios de inmigrantes, con el objetivo de alcanzar las 3,000 detenciones por día.
Esta meta, impulsada por el asesor principal Stephen Miller y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, representa un aumento significativo respecto a las cifras anteriores y ha generado tensiones internas dentro de la agencia.
La reciente destitución de dos altos funcionarios de ICE, Kenneth Genalo y Robert Hammer, refleja la frustración del gobierno ante el incumplimiento de estos objetivos. Aunque ICE logró realizar 1,600 arrestos en un solo día, aún está lejos de la meta establecida. La administración ha respondido con cambios de liderazgo, nombrando a Todd Lyons, un veterano de ICE, como nuevo director interino, en un intento por revitalizar la agencia y cumplir con las expectativas presidenciales.
Esta ofensiva migratoria se enmarca dentro de la Operación Safeguard, lanzada en enero de 2025, que busca intensificar las detenciones y deportaciones en ciudades santuario como Chicago, Los Ángeles y Filadelfia. La operación ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigrantes, quienes argumentan que estas acciones fomentan el miedo y la desconfianza en las comunidades migrantes.
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Además, la administración ha eliminado políticas que restringían los arrestos en lugares sensibles como escuelas e iglesias, permitiendo a los agentes de ICE realizar detenciones en estos espacios. Esta medida ha sido condenada por líderes religiosos y defensores de los derechos civiles, quienes la consideran una violación de los derechos fundamentales y una amenaza para la cohesión comunitaria.
Las tácticas agresivas de ICE también han incluido arrestos en tribunales de inmigración, incluso después de que los jueces desestimaran los casos. Un caso reciente en San Antonio, donde se detuvo y esposó a tres niños migrantes junto a sus familiares, ha generado indignación y preocupación sobre el trato a menores en el sistema migratorio.
La implementación de la Ley Laken Riley ha ampliado aún más el alcance de las detenciones, permitiendo el arresto y la detención obligatoria de inmigrantes sospechosos de delitos menores, sin necesidad de una condena previa. Esta legislación ha sido criticada por su potencial para criminalizar a individuos por infracciones menores y por socavar el debido proceso legal.
A pesar de los esfuerzos de la administración por aumentar las detenciones, ICE enfrenta limitaciones significativas en su capacidad de detención. El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, ha señalado que la falta de recursos federales y acuerdos intergubernamentales impide retener a los detenidos por períodos prolongados, lo que resulta en la liberación de muchos de ellos en las comunidades locales.
En respuesta a estas limitaciones, el gobierno ha reabierto centros de detención, como Delaney Hall en Nueva Jersey, y ha ampliado la capacidad en instalaciones privadas en todo el país. Sin embargo, estas medidas han generado preocupaciones sobre las condiciones de detención y el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes
La intensificación de las políticas de deportación ha provocado protestas en varias ciudades de Estados Unidos, con manifestaciones en estados como Colorado, Georgia y Texas. Los manifestantes denuncian las tácticas agresivas de ICE y exigen una reforma migratoria que respete los derechos y la dignidad de los inmigrantes.
En este contexto, la administración Trump continúa defendiendo sus políticas como necesarias para la seguridad nacional, mientras que organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes advierten sobre las implicaciones legales y éticas de estas acciones.
La tensión entre la aplicación estricta de las leyes migratorias y la protección de los derechos humanos sigue siendo un tema central en el debate político y social de Estados Unidos.
