Estados Unidos
¿Adiós al derecho de ciudadanía por nacimiento? La Corte Suprema abre la puerta a un cambio histórico
Inicia un nuevo capítulo en la lucha legal por los derechos de los migrantes en EE. UU.
La política migratoria de línea dura impulsada por el presidente Donald Trump no da señales de detenerse. Desde su segunda llegada a la Casa Blanca, se han implementado nuevas regulaciones y estándares enfocados en acelerar las deportaciones de inmigrantes sin estatus legal.
A las redadas migratorias, la exclusión de ciudadanos de 12 países y la autorización para deportar a personas a terceros países, ahora se suma una decisión clave de la Corte Suprema tomada el pasado viernes 27 de junio.
Según The New York Times, la Corte se alineó mayoritariamente con el Gobierno de Trump, permitiendo que su orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento se aplique temporalmente en la mayoría de los estados, aunque sin pronunciarse aún sobre su constitucionalidad.
La propuesta del presidente Trump busca eliminar el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento, una norma que ha estado vigente en Estados Unidos por más de un siglo.
La decisión de la Corte limita el alcance nacional de los mandatos judiciales emitidos por tribunales federales, lo que significa que las impugnaciones ahora deberán seguirse caso por caso en tribunales inferiores, aumentando la incertidumbre legal.
De acuerdo con Los Angeles Times, defensores de los derechos de los migrantes han prometido luchar para mantener la ciudadanía por nacimiento como parte del marco legal vigente.
Mientras tanto, los tribunales de menor instancia deberán retomar los casos que cuestionan la orden ejecutiva del presidente.
La decisión aún no tiene efectos inmediatos gracias a la acción de grupos defensores y de 22 estados —todos liderados por gobiernos demócratas— que presentaron demandas contra la orden.
En al menos tres tribunales federales, esta política fue anulada, y se espera que los estados involucrados continúen impugnándola. Entre ellos se encuentran California, Nueva York, Carolina del Norte, Washington, Arizona y Maryland.
Una de las consecuencias más preocupantes es que, si la orden entra en vigor, los bebés nacidos en los 28 estados donde no se impugnó la norma podrían quedar sin nacionalidad estadounidense, lo que los haría apátridas y vulnerables a la deportación.
Esto ha generado gran preocupación entre activistas y abogados migratorios, quienes advierten que podría haber cientos de recién nacidos sin estatus legal en cuestión de semanas.
En paralelo, se abre la posibilidad de presentar demandas colectivas para obtener protecciones más amplias a nivel nacional.
Aún no está claro si los bebés nacidos dentro del país serán deportados junto a sus padres, puesto que, como señaló la fiscal general Pam Bondi, “todo esto está pendiente de litigio” y se resolverá probablemente en el próximo periodo judicial.
La orden también afectaría a los hijos de migrantes con visas legales temporales, como la H-1B para trabajadores cualificados. Estos bebés no recibirán la ciudadanía por nacimiento y podrían heredar únicamente el estatus temporal de sus padres, dificultando el acceso a beneficios y generando nuevos desafíos legales.
La lucha por la ciudadanía por nacimiento, lejos de haber terminado, apenas está comenzando en los tribunales.
