Trump enfrenta derrotas judiciales al implementar sus duras políticas de inclusión, electorales y migratorias

Entre el pasado miércoles y jueves, el gobierno del presidente Donald Trump sufrió una serie de derrotas judiciales en demandas a sus políticas migratorias, en las relacionadas con las elecciones, y con la represión que la administración está ejerciendo sobre los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las instituciones educativas.

Al tiempo, algunas otras denuncias continúan su proceso en otras partes del país. Varios de los abogados han instado a los tribunales federales de apelaciones y a la Corte Suprema que elimine algunas de las decisiones desfavorables. Hasta el momento, las ordenes ejecutivas de Trump han abierto al menos 170 demandas.

El jueves, jueces federales limitaron al Gobierno para que implementara su presión a políticas que fomenta la diversidad, equidad e inclusión en los colegios. La decisión se dio a conocer un día antes de que se venciera el plazo —este viernes— que definió el Departamento de Educación, para que los estados firmaran un documento en el que certifiquen que no usarán “prácticas ilegales DEI”, como una de las presiones que ha ejercido el Gobierno.

Sin embargo, un juez del estado de Nueva Hampshire bloqueó una serie de órdenes del Departamento de Educación. Entre esos, está incluido un memorando que ordenaba la eliminación de cualquier práctica que impusiera diferencias entre las personas dependiendo de su raza. Además, el juez bloqueó otra medida que prohibía a los colegios usar prácticas DEI, que el Gobierno considera discriminatorias.

Algunos funcionarios de la justicia en Maryland y Washington también bloquearon medidas anti-DEI de la Administración de Trump.

Así también, otro juez le impidió al Gobierno implementar de manera inmediata algunas políticas en las elecciones, como algunos cambios en la manera como se desarrollan las elecciones federales del país, lo que incluye la propuesta del Gobierno de solicitar un nuevo requisito, en el formulario de registro de votantes, para demostrar que la persona es ciudadana.

Una jueza del distrito Colleen Kollar-Kotelly, en la capital del país, apoyó a los grupos que han defendido el derecho al voto y también se puso del lado de los demócratas, al asegurar que es la Constitución la que regula las elecciones federales de los estados y del Congreso, no el presidente. Así, indicó que los legisladores están trabajando en un proyecto propio para agregar un requisito que verifique la ciudadanía de cada votante.

En cuanto a las agresivas políticas de migración del republicano, el Gobierno enfrenta una orden de un juez que le prohíbe usar la “Ley de Enemigos Extranjeros” de 1798 para deportar inmigrantes. Esta fue invocada por el presidente para expulsar de su país a un grupo de casi 300 personas, que fueron señaladas presuntamente de formar parte del Tren de Aragua, un grupo que Trump denominó “terrorista”.

Ante la situación, la defensa del Gobierno apeló la decisión en la Corte Federal de Apelaciones del décimo circuito, justificando que la jueza del distrito Charlotte N. Sweeney, carece de jurisdicción y que, además, traer a colación la polémica ley de guerra es jurídicamente válido para deportar a los miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Al tiempo, un caso en Maryland le solicita al gobierno de Trump facilitar el regreso de un inmigrante deportado por un “error administrativo” a El Salvador, donde actualmente paga una condena en una prisión de máxima seguridad para terroristas.