¿Qué le espera al expresidente Pedro Castillo tras la petición de más de 30 años de cárcel?

Posiblemente, no hay una figura reciente más caída en desgracia que el expresidente peruano Pedro Castillo. En tiempo récord, pasó de ser el mayor dirigente de su país y la esperanza de cambio a un presidiario que cada día se acerca más a enfrentar décadas tras las rejas luego de sus nefastas actuaciones al mando del Gobierno de la nación inca.

El líder de izquierda quiso volar demasiado cerca al sol y se terminó quemando. Durante el año y medio que estuvo al frente del Perú, se cansó de acumular acusaciones de corrupción, de hacer una colección de ministros que duraban menos que el canto de un gallo y una administración dedicada a gobernar de espaldas al país. Esto, mientras el entonces mandatario acusaba a todo y todos de un complot en su contra.

Cuando el Congreso lo tenía contra las cuerdas por las denuncias de corrupción, decidió intentar un autogolpe de Estado, que le salió mal y lo mandó a la cárcel en diciembre del año pasado. Ahora, el antiguo mandatario se limita a lanzar acusaciones y denuncias para intentar ser restituido en el cargo, a pesar de las serias violaciones que cometió contra la institucionalidad del país.

No en vano, a los 18 meses de prisión preventiva a los que fue condenado Castillo, la Fiscalía está solicitando 36 más a raíz de su intento de autogolpe. Y lejos de terminar ahí, también piden 31 años de cárcel contra el antiguo presidente de izquierda, pues es acusado de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión por los escándalos de corrupción en su mandato.

Oficialmente, Castillo y dos de sus ministros son acusados de recibir dinero a cambio de otorgar contratos fraudulentos de construcción a empresas que les dieron millonarios sobornos. La investigación está documentada en al menos tres obras que habría intervenido el Gobierno para favorecerse junto con las corruptas compañías que se quedaron al frente de las construcciones públicas.

Mientras tanto, la defensa del exmandatario intenta liberarlo poniendo todos los recursos legales posibles infructuosamente. Esta semana, la Justicia rechazó un nuevo habeas corpus por un supuesto atentado contra la libertad individual y motivaciones de resoluciones judiciales, pues Castillo gozaba de inmunidad presidencial, por lo que, además de la excarcelación, pedían que fuera repuesto en el cargo.

De igual forma, el nuevo abogado del mandatario, Walter Ayala, su exministro de Defensa, intenta presionar a la CIDH para restaurar a Castillo en la presidencia. Alega que el proceso de vacancia se realizó violando los derechos constitucionales del entonces mandatario y reclama que se necesitaban mayorías más grandes de las logradas. Esto ha sido calificado como ridículo en Perú, ya que, por ejemplo, era imposible que el líder de izquierda y su abogado asistieran al debate que lo sacó del cargo, pues en ese momento estaba intentando huir del país por cuenta del fallido autogolpe de Estado.

Mientras tanto, Perú sigue ensombrecido por las multitudinarias protestas que provocaron la detención de Castillo y que luego tomaron fuerza por las denuncias de abuso policial que se dieron a conocer en el territorio. Las manifestaciones dejaron más de 60 muertos, muchos de ellos supuestamente a manos de la policía peruana.

Si bien la intensidad de las marchas contra el Gobierno de Dina Boluarte ha ido disminuyendo, la situación del país inca vuelve a estar pendiendo de un hilo, al igual que la del expresidente Pedro Castillo, acostumbrado ya a esa situación.