Pueblo de Honduras decretó multas para las personas que lancen piropos incómodos en la calle

En medio de los esfuerzos locales por promover la convivencia y prevenir el llamado acoso callejero en detrimento de las mujeres, un pueblo llamado La Ceiba, en Honduras, anunció a mediados del pasado mes de enero, la imposición de una multa a aquellas personas que lancen piropos incómodos en las calles.

En medio de la normativa, las autoridades aclaran que el carácter ofensivo o incómodo de los ‘piropos’ estará referido a frases que se consideren abusivas, intimidatorias, o que contengan connotaciones sexuales, despertando incomodidad en las personas que son objeto de ellos.

La medida fue tomada por la administración local en la Alcaldía de La Ceiba, y entró en vigor el pasado 14 de enero, despertando un eco especial a nivel nacional e internacional, luego de que fuera exaltada como una normativa ejemplar en el marco de la celebración, en Honduras, del Día Nacional de la mujer el pasado 25 de enero.

En ese sentido, uno de los mayores retos estará dado por la capacidad de las autoridades por discernir qué palabras son consideradas como halagos, y cuáles otras deberán ser consideradas acoso, refiriendo que los funcionarios encargados de la recepción de esta clase de denuncias deberán estar también muy atentos y dispuestos a entender que muchas veces, los acosos o abusos, no necesariamente están marcados por grandes acciones, sino que, por el contrario, hay pequeñas acciones que afecta mucho a las mujeres.

Esta normativa, según exaltan fuentes locales retomadas por medios locales en Honduras, van encaminadas a la creación o afianzamiento de una política de respeto, para evitar que las mujeres sean degradadas o avergonzadas, ya sea por extraños, o incluso también por personas conocidas de la víctima.

El cumplimiento de la nueva norma, que establece una multa de hasta 10.000 lempiras, equivale en peso colombiano a cerca de 2 millones de pesos, y su aplicación será responsabilidad del correspondiente departamento de Justicia Municipal.

Funcionarios locales han exaltado la necesidad de que se implementen en su territorio, y en general en el mundo, políticas orientadas al respeto y cuidado de la mujer, advirtiendo que, lamentablemente, muchos de este tipo de medidas y propuestas, no logran prosperar cuando llegan a altas instancias de legislación en los gobiernos.

El acoso sexual en Bogotá: 8 de cada 10 mujeres lo padece

A finales del año anterior, la Veeduría Distrital realizó un informe con el propósito de estudiar la violencia de género que tiene lugar en el transporte y el espacio público y que se manifiesta a través de múltiples conductas verbales y físicas que configuran el acoso sexual callejero, y que va desde silbidos, persecuciones, hasta tocamientos u otras agresiones.

Tras un análisis sobre la información disponible, tanto de indicadores de ciudad como de procesos penales vigentes, se evidenció que la información oficial disponible no brinda un panorama certero del fenómeno. Lo anterior principalmente se da por dos factores. En primer lugar, el acoso sexual callejero no es considerado un delito en Colombia a diferencia de otros países de la región, lo que dificulta su denuncia y su judicialización.

Y, por otro lado, tampoco es tenido en cuenta como un indicador de seguridad, por lo cual no hay un seguimiento de los casos ni tampoco del impacto de las acciones que la administración adopta para combatirlas.

La veedora distrital, Viviana Barberena Nisimblat, expresó la urgencia que tiene el país y el Distrito de avanzar en materias legislativas, de infraestructura, rutas de atención y en la construcción de una cultura ciudadana que nos lleve a nuevas masculinidades.

“El acoso sexual callejero es un tema que ha sido invisibilizado históricamente, pero que afecta los derechos y la libertad de niñas y adolescentes en la ciudad”, dijo.

En este contexto, la Veeduría adelantó una encuesta, entre el 29 de julio y el 24 de agosto de 2022, a 3.089 mujeres mayores de 14 años, que brinda un panorama tanto de la percepción como de las vivencias de las niñas y mujeres en el espacio y transporte público.

De las ciudadanas encuestadas, siete de cada diez mujeres manifestaron tener miedo a sufrir un ataque sexual en el transporte o en el espacio público; y ocho de cada diez mujeres han experimentado una situación de acoso sexual en algún momento de su vida.

La encuesta también detalla las formas de acoso de las que han sido víctimas y se evidencia una multiplicidad de manifestaciones que, a pesar de detentar distintos grados de gravedad, son configurativas de acoso callejero, vulnerando los derechos humanos y la libertad ciudadana de las niñas y mujeres.

Al indagar sobre los niveles de denuncia, el 89,3 % de las encuestadas coincidió en no haber denunciado casos de acoso, de lo cual se puede inferir un subregistro de estos hechos en las cifras oficiales y una alta desconfianza en los canales de judicialización de estas conductas, que frente al vacío normativo tienen que procesarse penalmente a través de figuras como la injuria por vía de hecho. El 62,8 % no conoce ni siquiera los canales de denuncia y solo el 43,5 % dice conocer las acciones que desarrolla el Distrito para prevenir estas situaciones.

La encuesta que, entre otros resultados, revela cuáles son los lugares o medios de transporte que las mujeres consideran más peligrosos, los horarios y el impacto que tiene en su cotidianidad y la alteración de sus rutinas, revela grandes retos en el ámbito penal normativo, de infraestructura, la construcción de cultura ciudadana en la formación de nuevas masculinidades y rutas de atención y denuncia.

“Si bien la actual administración, a través de la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría de Seguridad, la de Cultura y la de Movilidad, le han apostado a la formulación e implementación de nuevas estrategias de trabajo interinstitucional para prevenir y controlar la violencia contra la mujer en el espacio y en el transporte público, hay retos que asumir de manera urgente y sistemática”, afirmó Barbenera.

En ese sentido, desde la Veeduría se propone contar con un indicador de seguridad relativo al acoso callejero con el fin de que este fenómeno sea tenido en cuenta a la hora de hacer una evaluación global de la seguridad ciudadana; promover el conocimiento de los canales de denuncia frente al acoso callejero entre las ciudadanas; fortalecer la perspectiva de género en el transporte público.