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Procuraduría de Perú pide 16,7 millones de euros a Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado
La demanda incluye a Castillo y a los exministros Aníbal Torres, Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta.
El procurador general de Perú, Daniel Soria, ha solicitado al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema una “indemnización” de más de 67 millones de soles (16,7 millones de euros) en concepto de reparación civil superior por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 del presidente Pedro Castillo y varios de sus ministros. Pedro Castillo se encuentra encarcelado con 18 meses de prisión preventiva.
La demanda incluye a los exministros Aníbal Torres, Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta como responsables junto con Castillo de este pago en calidad de coautores de un presunto delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, según recoge la emisora peruana RPP.
En concreto, piden por los presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad una reparación de 17.711.000 de soles (4,4 millones de euros), mientras que por supuesta grave perturbación de la tranquilidad propone 50 millones de soles (12,5 millones de euros).
La Procuraduría ha subrayado que este monto inicial es provisional y que se reservan el derecho de variar o incrementar el dinero solicitado tanto por el daño patrimonial que se haya generado al Estado en función de mayores y nuevos elementos que surjan de las investigaciones.
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Castillo, en cambio, ha solicitado a la Corte Suprema que ordene archivar la investigación preliminar del Ministerio Público porque la acción juzgada “no constituye delito o no tiene connotación penal”.
El juez supremo Juan Carlos Checkley ha convocado para el próximo martes 23 de mayo la audiencia virtual en la que evaluará el requerimiento con la participación de las partes involucradas.
Expresidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró que se siente “secuestrado” en su país
El expresidente peruano, Pedro Castillo, preso por rebelión tras su fallido autogolpe de Estado en diciembre, dijo sentirse “secuestrado” al negar este martes ante un juez los cargos de corrupción por los que podría seguir recluido.
“Niego rotunda y categóricamente ser autor y ser parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la república”, afirmó el exmandatario en una audiencia virtual transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial.
Durante su aparición ante las cámaras en camisa blanca y rasurado, y con tono vehemente se defendió de los señalamientos en contra:
“Hoy se han armado un castillo de delitos con supuestos (...) con colaboradores (judiciales) comprados”, lanzó Castillo desde su sitio de reclusión, el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios habilitado de cuartel policial al este de Lima.
El exgobernante, que fue destituido por una mayoría parlamentaria tras su fracasado intento de disolver el Congreso, rechazó el pedido de la fiscalía para ampliar su prisión preventiva bajo cargos de corrupción.
“Van a pedir 36 meses de prisión cuando tengo la prisión preventiva. ¡Voy a llegar a cien días de estar secuestrado injustamente!”, agregó.
Infórmate Perú, al publicar un video de la audiencia, señaló: “Expresidente Pedro Castillo se hace la víctima ante juez y dice que congresistas serían sus cómplices por haberlos recibido a la gran mayoría en las oficinas de palacio de gobierno”.
Tras su intervención, el juez Juan Carlos Checkley, suspendió la audiencia que se extendió por más de cuatro horas. Para el jueves está previsto que se pronuncie sobre la solicitud de la fiscalía contra Castillo, quien está siendo procesado junto con dos de sus exministros.
El líder de izquierda enfrenta cargos por “organización criminal, colusión y tráfico de influencias”, que le podrían valer una prisión preventiva adicional de la que cumple por rebelión.
La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
El exgobernante peruano, quien había sido elegido hasta 2026, fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre cuando llevaba 17 meses en el poder.
Ese mismo día fue capturado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.
*Con información de AFP y Europa Press.
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